l domingo por la mañana (11:30 horas), Alejandro Encinas publicó en su cuenta de X, antes Twitter: Un nuevo sabadazo. Allanan el camino a la impunidad.

Quien fuera subsecretario de Gobernación, responsable de Asuntos de Derechos Humanos y, en especial, de lo relacionado con la desaparición de 43 normalistas, se refería a la resolución judicial que ordenó que ocho militares acusados de desaparición forzada en el caso Ayotzinapa puedan continuar su proceso penal en libertad y ya no sujetos a prisión oficiosa, conforme a un amparo otorgado por unanimidad por integrantes del primer tribunal colegiado del primer circuito, asentado en la Ciudad de México, que fue despachado por la jueza federal Raquel Ivette Duarte Cedillo (nota de Gustavo Castillo: https://goo.su/KjL4).

Los ocho militares corrieron con una suerte judicial de la que carecen muchos miles de mexicanos que sufren la imposición de una prisión oficiosa que, junto con el arraigo, han sido declaradas aberrantes por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (artículo del recientemente fallecido Sergio García Ramírez: https://goo.su/vMlF).

A pesar de la gravedad del delito imputado, los militares han sido beneficiados con una libertad condicionada a una fianza de 50 mil pesos cada uno, la entrega de su pasaporte y la firma periódica en un registro de procesados. En agosto del año pasado tuvo similar beneficio el general en retiro Rafael Hernández Nieto, quien fue comandante del 41 Batallón de Infantería, con sede en Iguala, ampliamente señalado como corresponsable de hechos relacionados con los normalistas desaparecidos. Con una celeridad que no se otorga a infinidad de civiles, se ha movido la maquinaria judicial para que esos militares clave pudieran dejar el Campo Militar número uno.

Pero 7 horas y 40 minutos después de su primer mensaje dominical, a las 19:10, el mismo ex subsecretario, ahora líder en un área de coordinación de la campaña de Claudia Sheinbaum, señaló: “Es más lamentable aún que abogados de la @SEDENAmx litiguen contra la investigación que encabeza el Presidente de México”.

Encinas, a quien el propio poder militar pretende enjuiciar por los avances obtenidos en las indagaciones del caso de los 43 estudiantes que el verde olivo considera lesivos, denuncia la incongruencia, o mucho más que eso, de una secretaría, la de la Defensa Nacional, que utiliza recursos públicos para ir jurídicamente en contra de los procesos que declarativamente impulsa el jefe de esa y todas las secretarías, el Presidente de la República.

A fin de cuentas, el pautado privilegio otorgado a los militares, para que lleven sus delicados procesos en libertad condicional, forma parte de una tendencia evidente de sustracción de ese estamento castrense a la acción judicial por el caso Ayotzinapa que, ya con el fin de sexenio a la vista, presenta avances insuficientes y, lo peor, una serie de indicios de marcada protección al poder militar, como lo han señalado los familiares de los 43, sus abogados y las organizaciones defensoras de derechos humanos que han acompañado esta lucha.

La retórica de Palacio Nacional y de la Fiscalía General de la República carga la tinta en la corrupción de los jueces, pero la propia fiscalía ha sido ineficaz y propiciatoria de fallas procesales luego aprovechadas por la defensa de militares y otros involucrados, y el titular del Poder Ejecutivo ha entrado en un derrotero de presunto punto final hasta cierto límite, para no tocar los verdaderos nervios sensibles de la estructura criminal que propició un atroz crimen masivo como el de Iguala (aunque no sólo éste).

Astillas

La ex conductora de televisión emitió ayer un mensaje que no aclaró ni probó nada. Hasta ahora, todo ha quedado en un trasiego empresarial, con nuevo proyecto radiofónico y una dictadura que castiga en un medio y permite que se continúe en otro… ¡Hasta mañana!

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