Sesma:fue acuerdo político
// Modifican en comisiones el dictamen que fue aprobado en mayo
Miércoles 24 de enero de 2024, p. 29
Tras varias protestas de galleros, en comisiones, diputados echaron abajo la reforma que prohibía las peleas de gallos en la capital.
El dictamen lo había aprobado el pleno en mayo de 2023; sin embargo, el jefe de Gobierno, Martí Batres, envió una serie de observaciones, por lo que ayer fue redictaminada la reforma a la ley local de protección a los animales, que establece que los espectáculos públicos y/o privados de corridas de toros, novillos, becerros y peleas de gallos quedarán exceptuadas como actos de crueldad y maltrato.
Según el presidente de la comisión de Bienestar Animal, Jesús Sesma Suárez, el dictamen fue producto de un acuerdo político.
En el nuevo dictamen quedaron plasmados los conceptos sobre bienestar animal y estado mental, y se establece la regulación para personas que se dediquen a pasear perros, así como para escuelas de adiestramiento, etólogos, pensiones y refugios. También se refuerza el Registro Único de Animales de Compañía, a fin de que la inscripción sea obligatoria no sólo para la adquisición de animales, sino para acceder a campañas de vacunación antirrábicas y adopción.
Asimismo, se regula la eutanasia como el procedimiento aplicado por una persona médico veterinario zootecnista sin producir dolor ni ansiedad para que animales dejen de sufrir por enfermedades incurables.
La nueva reforma se aprobó con los votos de los diputados de Morena, quienes el año pasado no asistieron a la sesión de comisiones cuando se prohibieron las peleas de gallos. Destacaron las ausencias de los diputados de oposición Tania Larios (PRI), Ana Villagrán (PAN), Federico Döring (PAN) y Gabriela Quiroga (PRD).
Ahora el dictamen pasará al pleno para su discusión y posible aprobación.
Desde el año pasado, criadores de gallos, galleros, locatarios, meseros y médicos veterinarios realizaron diversas protestas contra la reforma que consideraba como maltrato animal las peleas de gallos, al asegurar que su aprobación pondría en riesgo sus trabajos e incluso podría fomentar la clandestinidad de esa actividad.