yer, en tres momentos claves, el Presidente de la República trató de atenuar la corresponsabilidad 4T (tanto del Poder Ejecutivo como de la autónoma Fiscalía General de la República) en cuanto a la liberación condicional, sujeta a proceso, de elementos militares acusados de delitos relacionados con los normalistas de Ayotzinapa.

A) Dijo no concordar con el posicionamiento de Alejandro Encinas, quien fue subsecretario de derechos humanos durante casi cinco años del actual gobierno, pero no desmintió que “abogados de la @SEDENA” litigan contra la investigación que encabeza el Presidente de México. López Obrador sólo respondió, a pregunta periodística: no estoy de acuerdo con lo que dijo Encinas, no estoy de acuerdo.

No ahondó más en el asunto y de inmediato giró la mira: Lo que es lamentable es que el Poder Judicial, desde el inicio, proteja a quienes participaron en la desaparición de los jóvenes y no se ocupe de garantizar la justicia en beneficio de los padres de los jóvenes desaparecidos.

B) En su alocución matutina, el Presidente desestimó que la tortuguesca Fiscalía General de la República, a cargo de Alejandro Gertz, plenamente controladora de la fiscalía especial postiza en la que habilitaron a Rosendo Gómez Piedra, hubiera sido omisa ante la resolución judicial que desde meses atrás prefiguraba la apertura de las puertas de la cárcel a los militares: ¿Cuál es la excusa más usual en el Poder Judicial (para liberar delincuentes)?, preguntó AMLO, y luego se respondió: Que no se integraron bien las investigaciones, las averiguaciones; como si esto fuese un asunto como cualquier otro, como si fuese un asunto mercantil. Esto es un asunto de Estado, no es un asunto de procedimiento legaloide, lo que hay es un interés político del Poder Judicial.

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, mediante una nota informativa, precisó que los ocho militares bajo proceso promovieron un juicio de amparo indirecto contra la prisión oficiosa que se les había dictado (cumplida en prisión militar) y, al conocer el resultado, manifestaron su desacuerdo; pero, añade la nota en mención, con algunas palabras en negritas: únicamente los militares interpusieron recurso de revisión, no así la fiscalía.

Fue así que el sábado recién pasado, aunque el anterior paso judicial determinante fue en noviembre de 2023, el juzgado segundo de distrito en procesos penales federales resolvió que los ocho militares no siguieran en prisión preventiva, dado que la fiscalía no aportó datos de prueba que sustentaran su idoneidad y pertinencia.

Y, C) El Presidente de la República indicó a la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, que difundiera la carta enviada el 12 de diciembre de 2023 a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, para advertirle del riesgo de modificar las medidas cautelares y de la trascendencia de este asunto para el Estado mexicano.

Llama la atención que la titular de Gobernación supusiera, por sí misma o por instrucción superior, que una carta oficial de consideraciones políticas podría o debería influir en el resolutivo de un juzgado del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué pretendía expresamente Alcalde, que la presidenta de la Corte hablara con la juzgadora y le instruyera el sentido en que debería resolver? ¿Litigar por vía epistolar privada lo que debería ser litigado por la muy concreta vía judicial? ¿Dejar constancia de que algo se estaba haciendo, aunque la FGR (Gertz-Gómez Piedra) hubiese sido omisa y propiciara el sendero de impunidad verde olivo tan trazado?

Por último, el presidente López Obrador consideró que el sabadazo judicial tuvo como propósito desprestigiar al Ejército y lo segundo, hacerme quedar mal. Pero, pues, yo estoy acostumbrado a enfrentar a falsarios, conservadores inmorales, farsantes; toda esa caterva de hipócritas (todas las citas presidenciales mencionadas en esta columna fueron tomadas de la página oficial https://goo.su/5Ay3V). La nave de la impunidad militar va. ¡Hasta mañana!

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