La Secretaría de Gobernación (SG) alertó en su momento a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, del riesgo de dejar en libertad condicional a ocho militares acusados por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, pues podrían incluso huir del país.

De ahí que hace poco más de un mes solicitó al Poder Judicial velar por el estado de derecho y garantizar los derechos humanos de las víctimas sancionando a los responsables, para no generar en la sociedad un mensaje de impunidad e injusticia.

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador instruyó en la mañanera de ayer que la dependencia diera a conocer un oficio enviado a la ministra Piña el 12 de diciembre pasado, el cual detalló que el 30 de noviembre un tribunal colegiado tomó una determinación que apuntaba a la liberación de los soldados implicados en la desaparición forzada de los normalistas, la instancia de la política interior del país difundió el documento.

En el escrito, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, hacía ver a la presidenta de la Corte que se trataba de un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra los estudiantes desaparecidos de manera forzada en septiembre de 2014.

La funcionaria señaló que los magistrados del tribunal determinaron que era fundado el agravio aducido por los ocho militares inculpados contra su detención por el proceso abierto para perseguir los crímenes del caso Ayotzinapa, decretada por el juzgado segundo de procesos penales federales en el estado de México, con sede en Toluca.

Le expuso a Piña que los integrantes del tribunal determinaron modificar y conceder la suspensión para celebrar una nueva audiencia a fin de que se emitiera una medida cautelar diferente a la prisión preventiva oficiosa contra el subteniente Omar Torres Marquillo; los sargentos Roberto de los Santos Eduviges, Ramiro Manzanares Sanabria, Juan Andrés Flores Lagunas y Gustavo Rodríguez de la Cruz, y los cabos Uri Yashiel Reyes Lasos, Eloy Estrada Díaz y Juan Sotelo Díaz.

Alcalde advirtió: “Lo anterior resulta relevante porque, al modificar la prisión preventiva oficiosa, existe un alto riesgo de sustracción de la justicia, por ejemplo, que se vuelvan ilocalizables o huyan del país.

Además, debo señalar que este es un asunto de la mayor importancia y trascendencia para el Estado por las graves violaciones a derechos humanos que se cometieron en contra de los jóvenes desaparecidos, así como de los madres y padres que los buscan.

Ante ello, la secretaria expresó en ese momento la confianza del gobierno federal para que el Poder Judicial de la Federación velara por el estado de derecho, garantizara los derechos humanos de las víctimas y sancionara a los responsables.