Organizaciones que defienden los derechos de las personas migrantes denunciaron que el Instituto Nacional de Migración (INM) actúa de manera arbitraria en la expedición de las tarjetas de visitante por razones humanitarias (TVRH), las cuales por ley deben ser entregadas a quienes son víctimas o testigos de algún delito en el país o si están en un proceso de reconocimiento de la condición de refugiado.

El Instituto para las Mujeres en la Migración, Asylum Access, Cafemin, la Clínica Jurídica para Refugiados Alaíde Foppa, entre otras, expusieron que han detectado casos en los que el INM omite, obstaculiza o niega la emisión de dicha tarjeta, lo que imposibilita la integración de las personas y el acceso a derechos básicos como salud, educación, vivienda digna, servicios financieros y libre tránsito.

Enfatizaron que sin este documento que permite a los migrantes tramitar el registro federal de contribuyentes –requisito para conseguir un trabajo formal en México–, éstos buscarán opciones en empleos informales, exponiéndose a condiciones desfavorables (bajos salarios, poca estabilidad laboral, limitada o nula cobertura de la seguridad social y falta de protección a sus derechos laborales).

En un comunicado, las organizaciones detallaron que en vez de la TVRH, que es válida por un año, el instituto está emitiendo un oficio en el que se autoriza la regulación migratoria especificando su temporalidad, que es menor a la tarjeta.

Dilación significativa

Sobre el derecho a solicitar refugio en el país, sostuvieron que han detectado una dilación significativa en los procedimientos de reconocimiento de esta condición, debido al nuevo sistema de citas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), y explicaron que la puesta en práctica del mecanismo digital entorpece el acceso efectivo al reconocimiento de refugiado.

Asimismo, indicaron que se ha impulsado un sistema de preelegibilidad con preguntas que son consideradas detonadoras para así identificar a las personas con necesidad de protección internacional, pero el cual no tiene fundamento legal y transgrede el derecho constitucional de solicitar asilo.

Las organizaciones solicitaron al INM garantizar el acceso a la TVRH respetando plazos establecidos y debido proceso, y a la Comar le pidieron poner fin inmediato al nuevo sistema de citas y prerregistro.