El Gobierno de la Ciudad de México realizó un operativo para recuperar 296 hectáreas de suelo de conservación en el ejido de San Francisco Tlaltenco, Tláhuac, donde fueron demolidas alrededor de 50 estructuras, algunas usadas como viviendas, con un despliegue de alrededor de 700 personas entre policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana; brigadistas de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural (Corenadr), que dirigió la intervención; de la alcaldía y de la Comisión de Derechos Humanos capitalina.

Ejidatarios aseguraron, sin embargo, que cuentan con un amparo otorgado por el juzgado décimo de distrito en materia administrativa del Poder Judicial de la Federación, por lo que promoverán un incidente de violación de dicho recurso de defensa al advertir que además de la destrucción de las construcciones y sembradíos fueron borrados linderos, lo que consideraron como un despojo al borrar la divisiones de las parcelas.

El amparo, explicaron, fue concedido para el efecto de que las autoridades se abstengan de privar a los ejidatario que lo promovieron de la propiedad, posesión, goce y disfrute de todos y cada uno de los derechos adquiridos, respecto de las parcelas que se encuentran en los polígonos denominados El Arco y Telecocuautla lado Xico.

El operativo comenzó pasadas las 9 de la mañana con el resguardo de la zona por 300 elementos de la Policía Metropolitana y 30 más del Agrupamiento a Caballo para el ingreso de las retroexcavadoras que realizaron las demoliciones y los brigadistas, en cumplimiento de un procedimiento administrativo que la Corenadr, afirmó, notificó previamente a los ejidatarios, aunque éstos aseguraron que no recibieron aviso alguno de forma directa ni por conducto del comisariado ejidal.

Explicaron que al menos tres casas derruidas fueron construidas con créditos otorgados en 2016 por el Instituto de Vivienda (Invi), bajo especificaciones del mismo organismos como vivienda ecológica, por 250 mil pesos, y que aún siguen pagando.

En el acceso al predio, por el Eje 10 Sur, junto a una caseta de vigilancia de la Corenadr – Brigada 2, hay sin embargo, un aviso en el que se advierte que es delito construir en la zona, pero los ejidatarios afirmaron que se instaló posterior a las edificaciones.

Una de las construcciones derruidas era un establecimiento para venta de pulque y aguardiente, en cuyo acceso ondeaba una bandera de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), y en la que el propietario, al que llamaban Moy, y algunas personas que lo acompañaban, en evidente estado de ebriedad, se mostraron agresivas y gritaron amenazas al personal de la Corenadr, pero la intervención concluyó sin incidentes pasadas las 17 horas.