El alud de quejas y denuncias por presuntos actos anticipados de campaña continúa, lo que ha provocado un embudo en el Instituto Nacional Electoral (INE), que debe integrar los expedientes y remitirlos al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), para su análisis y resolución de fondo.

En 2023 se registraron mil 22 denuncias por actos anticipados, de las que siguen en trámite –en el INE– 65.3 por ciento. En tanto, del primero al 17 de este mes se presentaron 67, y están en trámite 85 por ciento.

El asunto tiene relevancia si se considera que una causal de anulación de registro de alguna candidatura es precisamente la confirmación del acto anticipado, si así lo ratificara el TEPJF.

En todo esto, el INE, por medio de su Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral tiene dos funciones: realizar la investigación (en una analogía de lo que hace el Ministerio Público) y dictar medidas cautelares o urgentes, pero la última palabra la tiene el tribunal, adonde están llegando estos asuntos a cuentagotas, de acuerdo con fuentes consultadas.

En la semana que concluye, el Consejo General del INE recibió el último informe sobre el tema, presentado por la Secretaría Ejecutiva del organismo.

En el desglose se establece que el año pasado se recibieron mil 702 quejas de todo tipo, universo del que se integraron mil 377 expedientes, mayoritariamente (861) interpuestas por partidos políticos.

De ese contexto se desprendieron las mil 22 denuncias por actos anticipados a, pero también 99 por violaciones al artículo 134 constitucional, el cual se refiere a que los servidores públicos tienen la obligación en todo tiempo de aplicar con imparcialidad los recursos a su cargo, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos.

También alude al carácter institucional de la propaganda de instancias públicas, y que en ningún caso ésta incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Pese a la trascendencia de los asuntos denunciados por todas las fuerzas políticas, el embudo de investigación y, por tanto, de sentencias, se evidencia porque de los mil 377 expedientes, sólo 166 han sido remitidos a la sala especializada del TEPJF; el resto o está en trámite o fue desechado (309 asuntos).

Igualmente, en el primer corte informativo del año de la elección (del primero al 17 de este mes) ya se abrieron 88 procedimientos administrativos (frecuentemente relacionados con afiliaciones partidistas indebidas), mientras 67 expedientes ya se convirtieron en procedimientos especiales sancionadores: 27 por actos anticipados, 11 por ir contra el interés superior de la niñez (cuando los políticos usan imágenes de menores de edad), ocho por uso indebido de la pauta (en radio y televisión) y cinco por violaciones al citado artículo 134 constitucional.

En este caso, de los 67 expedientes, ninguno ha sido remitido al TEPJF; 10 fueron desechados y 57 están en trámite.