La presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, informó a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión que el año pasado presentó al Senado 29 solicitudes para citar a comparecer a autoridades omisas en la aceptación de recomendaciones, asimismo, 371 denuncias; 71 de éstas en el ámbito penal por violaciones a derechos humanos. El resto fueron administrativas.

Al presentar su último informe de labores de ombudsperson, Piedra Ibarra manifestó a los diputados y senadores de la Comisión Permanente: Un problema que enfrentamos (en la CNDH), en cuanto a la reparación integral, que es una constante, es la falta de presupuesto de las autoridades recomendadas para dar cumplimiento a la reparación económica. Esto se refleja en el estado que guardan las recomendaciones en trámite, estando pendiente su conclusión por falta de pago en su mayoría, lo cual evidencia la inoperancia del modelos que tenemos actualmente, pero también la necesidad de revisar la Ley General de Víctimas y los criterios y mecanismos existentes.

En el voluminoso informe de labores que proporcionó a la presidenta de la Mesa Directiva de la Permanente, la priísta Marcela Guerra, se da cuenta de las autoridades que no aceptaron las recomendaciones. Se trata de ocho presidentes municipales de Oaxaca, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Fiscalía General del Estado de Tabasco, el Gobierno del Estado de Guanajuato, la Secretaría de Gobernación y la Secretaría del Bienestar.

Asimismo, la Secretaría de Marina, en cinco casos; la Comisión de Derechos Humanos de Quintana Roo; el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de Trabajo y Previsión Social; la Fiscalía de Veracruz y el gobierno de esa entidad; la Comisión de Derechos Humanos de Chiapas; la Coordinación de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez, y la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo. También, el gobierno de Oaxaca, y los alcaldes de Silao, Guanajuato, y De la Villa Arista, San Luis Potosí.

La titular de la CNDH refirió además que se solicitaron 116 medidas precautorias o cautelares y se presentaron 80 demandas de acción de inconstitucionalidad derivadas de emisiones, adiciones o modificaciones de ordenamientos legales a nivel federal y local.