on la reforma judicial propuesta se busca que los juzgadores sean electos por voto popular. En este espacio se comentó la inviabilidad financiera de las campañas judiciales. Ahora se propone que los candidatos no acepten financiamiento y que las campañas se limiten a las propuestas que hagan los candidatos en medios de comunicación, lo que también conlleva un gasto altísimo, pero eso no garantiza que tales elecciones judiciales sean de interés para el electorado y menos que quien vote comprenda y decida cuál es el mejor planteamiento jurídico.

Se puede adelantar que escuchar a los candidatos hablar sobre sus conocimientos jurídicos o sus propuestas judiciales no será, precisamente, un espectáculo atractivo para una población regularmente alejada de lo judicial, en parte por el significado de acudir con un abogado (que hay un problema que la persona no puede resolver por sí misma), en parte por tratarse de un lenguaje técnico, apenas accesible para quienes no están relacionados con los temas legales, en parte por los reiterados señalamientos de corrupción por parte de los políticos. Si se busca hacer una exposición divertida, habrá el equívoco de elegir al simpático, no al preparado.

Varios errores conceptuales aflorarán si llegara a ser aplicada la reforma propuesta. Se hace referencia a los ingresos presidenciales como referente salarial, como intentó cumplir la nueva ministra al devolver parte de su salario, pero la propuesta omite hablar de todas las prestaciones que tiene el titular del Ejecutivo y que llevan a que no requiera gastar ese salario. Su ingreso real es mayor a la cifra nominal oficial por recibir vehículos, tarjetas de crédito para comida y gasolina, celular, viajes, vestuario y otras prestaciones propias del cargo. Incluso se beneficia su familia, como con la oficina de la primera dama, con presupuesto y personal a su servicio. Tampoco lo refiere la propuesta de reforma. Ese conjunto de pagos, entre otros, hace del presidente el burócrata mejor pagado del país. Solamente el costo del uso de un edificio histórico como vivienda es una cifra mucho mayor al salario que dice tener. Ni hablemos del acceso a las cajas chicas. En el momento en que los nuevos juzgadores lleguen al cargo, deberían de exigir ser equiparados en todas las prestaciones al presidente, so pena de convertir a la supuesta reforma en una farsa que oculta la verdad.

La propuesta elude señalar los pagos de las pensiones a las que tienen derecho todos esos juzgadores que dejarán de trabajar, incluidas las pensiones complementarias, por ser derechos laborales adquiridos. Una vez más, parece desconocerse la firma de los tratados internacionales que abren la posibilidad de que los conflictos laborales de esos jueces salientes lleguen a instancias internacionales obligatorias para el país, como ha sucedido en conflictos sindicales, que podrían obligar al pago de pensiones en los formatos actuales incluso a los juzgadores federales que aún no llegaban a la edad requerida para acceder a las pensiones complementarias para las que se hicieron los fideicomisos respectivos, por no ser imputable a ellos el cese de la relación laboral, ni haberse hecho en la forma prevista por la ley. Además, no se hace una limpieza a fondo: se omite analizar el desempeño del personal sindicalizado, donde un porcentaje ni siquiera reúne los requisitos actuales para ingresar a la carrera judicial.

La reforma judicial propuesta, claro proyecto transexenal, puede ser un error muy caro para las instituciones, la división de poderes, las finanzas públicas y para la democracia.