La Comisión de Derechos Humanos (CDH) de la Ciudad de México abrió 595 expedientes de queja del primero de enero de 2015 al 31 de octubre del año pasado por posibles violaciones a derechos de personas en situación de calle, informó Nashieli Ramírez López presidenta de la institución.

De ese total, 27 por ciento, equivalentes a 161, se abrieron de 2021 a 2023, aunque del primero de enero al 31 de octubre del año pasado, tan sólo en 10 meses, 13.5 por ciento del total de expedientes abiertos se vincularon con esta población.

Los retiros forzados, detenciones arbitrarias o envío a albergues fueron algunas de las causas, y las secretarías de Seguridad Ciudadana, de Inclusión y Bienestar Social y de Salud, así como la Fiscalía General de Justicia, son las presuntas responsables.

En la presentación del informe temático Derechos humanos de personas en situación de calle de la Ciudad de México, señaló que de acuerdo con el último censo de 2020, son mil 226 concentradas en Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Venustiano Carranza, principalmente.

Los derechos humanos que se consideran más vulnerados son el de seguridad jurídica, relacionado con los procedimientos a los que son sometidos por autoridades y que, con frecuencia, generan daño en sus pertenencias o los impulsan a desplazarse de zona.

Así como a un nivel de vida adecuado y a la salud, éste último al negárseles las entradas y salidas de los Centros de Asistencia Social, así como la falta de servicios médicos, calidad de la alimentación e higiene en dichos centros, indicó.

Su institucionalización, entendida como el acceso a albergues, consideró Ramírez López, debe permanecer como un esquema de último recurso y temporal, cuando 64.5 por ciento de personas encuestadas expresaron su deseo de dejar la calle.

Problemas familiares y económicos y consumo de drogas son algunos de los factores que las han llevado a vivir en la calle, en su mayoría hombres (86.6 por ciento), una edad promedio de 43.5 años y una instrucción académica de primaria, aunque 2 por ciento concluyó estudios universitarios.

Ante legisladores y funcionarios, señaló que la vulneración de sus derechos humanos ha llevado a emitir en ese lapso 10 instrumentos recomendatarios y una recomendación general, la 01-2021, sobre inclusión social y su derecho a la unidad familiar.

Sin embargo, se requiere de una coordinación interinstitucional, sin relevar a las alcaldías de sus obligaciones en cuanto a la regulación del espacio público, donde se generan la mayoría de las problemáticas. Además de que todas las autoridades que participen reciban capacitación constante y la fiscalía abra carpetas de investigación derivadas de denuncias en agravio de esta población, concluyó.