Caracas. El fiscal de Venezuela, Tarek William Saab, denunció ayer una campaña feroz desde el extranjero tras la detención de la activista y analista militar Rocío San Miguel, quien será imputada por terrorismo, traición a la patria y conspiración.

Estados Unidos, la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la oficina de derechos humanos de Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, condenaron la detención.

San Miguel, de 57 años, abogada y presidenta de la organización Control Ciudadano, fue arrestada en un aeropuerto de Caracas cuando se disponía a viajar a Miami.

El ministerio público la involucra con la operación Brazalete blanco, un plan para atacar una base militar en Táchira, en la frontera con Colombia, y posteriormente asesinar al presidente venezolano Nicolás Maduro y otros altos funcionarios, en una acción que habría contado con la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), la Administración de Control de Drogas (DEA) y la inteligencia del ejército colombiano.

La operación fue desactivada en mayo de 2023, señaló el gobierno bolivariano.

También ordenan arresto de un militar retirado

Los fiscales también solicitaron el arresto del militar retirado Alejandro José Gonzales de Canales Plaza, ex pareja de San Miguel, por la presunta comisión de los delitos de revelación de secretos políticos y militares concernientes a la seguridad de la nación, obstrucción a la administración de justicia y asociación.

Desde Estados Unidos, la Casa Blanca expresó su malestar por la detención de la activista, y reclamó al presidente Nicolás Madu-ro que cumpla con los compromisos que asumió el otoño pasado sobre cómo va a tratar a la sociedad civil, a los activistas políticos y a los partidos de la oposición.

Estamos observando esto muy, muy de cerca declaró el vocero de Seguridad Nacional, John Kirby.

La Organización de Estados Americanos calificó el arresto de un atropello injustificable y criticó la criminalización de los defensores de los derechos humanos”. De igual manera se expresaron la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la oficina de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, la Unión Europea, que manifestaron profunda preocupación e instaron a su liberación inmediata.

En respuesta, el canciller venezolano Yván Gil, aseguró que el gobierno estadunidense sale a proteger y amparar a los terroristas, quienes confesaron sus crímenes y las órdenes que recibían para dañar a nuestro pueblo.

Aseveró que son cómplices de los autores intelectuales y materiales de los actos de terrorismo e intervencionismo sobre Venezuela.

El país sudamericano es víctima de casi 500 sanciones económicas y financieras impuestas por Estados Unidos, que fueron sumándose una tras otra durante los últimos nueve años, y que le causaron más de 200 mil millones de dólares en pérdidas, hasta la fecha.

El 15 de enero pasado, Maduro anunció el desmantelamiento de los planes de conspiración, razón por la cual fueron expulsados y degradados 33 militares de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.