El Senado aprobó ayer una reforma constitucional que prohíbe el matrimonio infantil en pueblos y comunidades indígenas, en una sesión que se tuvo que levantar luego de que legisladores de Morena decidieron romper el quorum.

El propósito era no votar un dictamen que plantea reinstalar en sus puestos a elementos policiacos que hayan sido despedidos de manera injustificada y tengan resolución jurisdiccional definitiva al respecto, así como otorgarles las indemnizaciones y prestaciones correspondientes.

El coordinador del PAN, Julen Rementería, señaló que el grupo mayoritario avisó que rompería el quorum, lo que va en contra de su discurso de ayudar a la gente, porque estamos hablando de un derecho para que los policías del país, en caso de ser suspendidos injustamente, puedan ser reinstalados.

Morena y sus aliados no permitieron la votación, aseguró el senador de Veracruz, quien calificó la medida de absolutamente injusta y muestra de qué están hechos, que una cosa es el decir y otra totalmente el hacer. Incongruencia pura y vil en este asunto tan importante para la República.

Trascendió que el motivo de la oposición del partido guinda tiene que ver con las erogaciones monetarias que se tendrían que efectuar. Sólo Nancy Guadalupe Sánchez Arredondo subió a tribuna para pedir a sus correligionarios reflexionar y apoyar a los cuerpos de seguridad pública en esta reforma constitucional que calificó de urgente y necesaria en los momentos que vive el país.

Previamente, los legisladores avalaron por unanimidad la reforma constitucional que prohíbe el matrimonio infantil en las comunidades indígenas. La petista Geova-nna del Carmen Bañuelos explicó que dicha práctica, frecuente en muchas regiones del país, es una violación inadmisible a los derechos de niños y adolescentes.

En estados como Oaxaca, Chiapas y Guerrero persiste el matrimonio forzado de menores de edad. Sólo en la última entidad, se sabe que 300 mil niñas han sido vendidas para matrimonio. Se trata de una realidad en pleno 2024.

Lamentablemente, aún existen usos y costumbres en comunidades indígenas que laceran y vulneran a las mujeres so pretexto de su autodeterminación y autonomía asentada en la Constitución, apuntó. El dictamen será remitido a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.

Durante la sesión, los legisladores también aprobaron una reforma para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos supervise las estaciones migratorias y constate las condiciones en las que se alberga a la población migrante.

Con esta modificación a la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el organismo deberá realizar un diagnóstico anual sobre el tema en dichos establecimientos. El documento será enviado al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Por otra parte, se avaló un dictamen para reconocer en el marco jurídico el derecho a la memoria para las víctimas de desaparición forzada. Con ello, el Estado mexicano deberá poner en marcha acciones para evitar la repetición de ese tipo de hechos y garantizar el acceso a la justicia y la reparación del daño. El documento será remitido al palacio legislativo de San Lázaro.