La corte del condado de Pasadena, California, dio un nuevo revés a la defensa de la cantante Gloria Trevi, y concedió un recurso con el cual se negó la revelación de la identidad de dos de las personas que la denunciaron por haber cometido presuntos abusos y agresiones sexuales en agravio de jóvenes que formaron parte del clan Trevi-Andrade entre 1989 y 2000.

Lo anterior consta en las resoluciones judiciales a las cuales tuvo acceso La Jornada, y que pueden consultarse en el sistema judicial correspondiente al distrito noreste, que se localiza en el Palacio de Justicia de Pasadena, ciudad donde se realizará el juicio en el que se desahogarán las demandas presentadas en contra del representante artístico Sergio Andrade, y las cantantes Gloria Trevi y Mary Boquitas (María Raquenel Portillo).

El pasado 25 de marzo, refieren los documentos emitidos por el órgano que encabeza la jueza Margaret L. Oldendorf, se notificó a las denunciantes de Gloria Trevi como a la intérprete de canciones como Zapatos viejos, que después de haber analizado la petición para que se retirara la protección del uso de seudónimos por parte de las denunciantes identificadas como Jane Doe K.C. 1 y Jane Doe A. H. 2, se determinó permitir que sigan utilizando sus nombres clave.

El tribunal dicta su decisión de conformidad con la orden de concesión de la moción de los demandantes para proceder con el uso de seudónimos, firmada y presentada.

Cómo se recordará, en diciembre pasado la justicia estadunidense recibió una segunda demanda en contra de Sergio Andrade, Gloria Trevi y Mary Boquitas, y en la que se exige el pago de daños y perjuicios, por las afectaciones causadas a las víctimas.

En esa demanda, firmada por los abogados Karen Barth Menzies, Ari Wilkenfeld, Laura Nagel y Caroline Whitlock, así como el despacho Alan Lescht & Asociates, señala también la presunta utilización de las empresas Conexiones Americanas Corporación (CAC), Excis, Mágical Image Entertainment (MIE) y a 50 personas físicas o morales más que –se afirma en el documento– sirvieron para facilitar el abuso sexual y la explotación de jóvenes menores y mayores de edad.

Las denunciantes han insistido en la importancia que tiene el que su verdadera identidad y otros datos sensibles como su lugar de residencia, no sean difundidos públicamente para no ser objeto de amenazas o daños a su integridad.