La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envió a su segunda sala un conjunto de peticiones del gobierno de México para analizar y descongelar las suspensiones que frenaron la extinción de fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

Según registros del máximo tribunal, ayer fueron admitidas a trámite 32 solicitudes de ejercicio de la facultad de atracción promovidas por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal contra la decisión de paralizar la desaparición de los fondos.

A partir de ahora los cinco integrantes de la segunda sala deberán revisar la petición del gobierno federal y decidir si ejercen o no la facultad de atracción para acelerar la resolución de las impugnaciones contra decisiones de jueces sobre el tema.

“Deberán remitirse los autos del presente asunto a dicha segunda sala con el objeto de que ésta acuerde si procede solicitar los autos del recurso de queja cuya atracción se solicita y, por ende, la Secretaría General de Acuerdos –de ser el caso– se encuentre en posibilidad de turnar el asunto al ministro o la ministra que corresponda en términos de lo previsto en el artículo 81 del citado Reglamento Interior de la SCJN”, se señaló.

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal también solicitó a la SCJN atraer los amparos, que no se han resuelto, contra de la eliminación de los fideicomisos del PJF para que sea ésta la que los resuelva definitivamente.

Sin embargo, el máximo tribunal rechazó la petición al considerar que no se reúnen los requisitos establecidos en la Constitución para que la Corte ejerza esta facultad.

Esta SCJN carece de atribuciones para conocer de juicios de amparo indirecto en primera instancia, indicó.

El pasado 9 de diciembre el gobierno federal impugnó el freno impuesto puesto por el ministro Javier Laynez a la extinción de fideicomisos judiciales.

El equipo legal de la Presidencia de la República interpuso ante el máximo tribunal del país un recurso de reclamación con el fin de revocar la suspensión decretada por Laynez a petición de la oposición en el Congreso de la Unión.

Será alguna de la dos salas de la SCJN la que en los próximos meses resuelva si la decisión de Laynez fue legal o no y defina si mantiene congelado el destino de más de 15 mil millones de pesos de los fondos del PJF.