l 26 de marzo, las secretarías de Economía, Agricultura y Medio Ambiente, junto con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), emitieron un comunicado en el cual anuncian su decisión de mantener el uso del agrotóxico cancerígeno glifosato en México, en lugar de suspenderlo definitivamente el 31 de marzo de 2024, como se dio la ilusión de que sucedería según dos decretos presidenciales anteriores de 2020 y 2023.

El comunicado en sí mismo puede ser considerado una avanzada pieza de ficción (https://tinyurl.com/4u5dnneh). Por ejemplo, su título arguye que se trata de salvaguardar la seguridad agroalimentaria del país. Sin embargo, el glifosato –un agrotóxico herbicida de amplio espectro, también llamado matatodo– no tiene nada que ver con ninguna seguridad: ni de salud ni ambiental, ni tampoco agroalimentaria. Al contrario, cientos de estudios científicos muestran sus graves impactos sobre la salud, que incluyen su potencial cancerígeno, como disruptor endócrino y neurológico, como destructor del microbioma humano y animal. Igualmente, se ha demostrado la grave contaminación que produce en agua y suelo y la devastación de organismos benéficos en éste. Todo ello agregado a su función declarada, que es matar todo tipo de malezas, el nombre que la agricultura industrial y química dan a todo vegetal vivo en una siembra, excepto el cultivo que siembran. Esas mismas hierbas son consideradas alimento y en muchas formas de manejo campesino y sin químicos, ayudan a los cultivos a crecer y aumentan el volumen alimentario total de la parcela trabajada. El glifosato mata todo eso, y además enferma a personas, animales y microorganismos (https://tinyurl.com/mryw83e8).

Es también una ironía hablar de seguridad agroalimentaria, cuando el glifosato es un invento de Monsanto –ahora Bayer– y está ligado directamente a un tipo de agricultura industrial y basada en agrotóxicos y semillas transgénicas e híbridas patentadas. Un modelo agrícola en el que cuatro trasnacionales –Bayer-Monsanto, Syngenta, Corteva y BASF– controlan las dos terceras partes del mercado global de agrotóxicos y la mayoría del mercado global de semillas comerciales (https://tinyurl.com/4w88p3vdx).

Lo único que se salvaguarda con la continuación de importación y uso de glifosato es la dependencia agroalimentaria y la autosuficiencia cancerígena en México.

La defensa de agrotóxicos, agricultura industrial y transgénica es una posición del titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Víctor Villalobos, quien desde hace mucho tiempo opera a favor de los intereses de las trasnacionales del agronegocio. Intereses que están detrás de la demanda de Estados Unidos contra México en el T-MEC, para que México no pueda ejercer su soberanía y consolidar la prohibición de siembra y consumo de maíz transgénico y el uso de glifosato. Este comunicado coloca también a la Secretaría de Economía en entredicho. ¿Están para defender el interés público o se adelantan al veredicto del T-MEC para dar seguridad a Estados Unidos y a las trasnacionales de que nada cambiará en México que afecte sus intereses?

También en esta pieza de ficción es un artilugio inexplicable que una institución llamada Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios considere que un agrotóxico cancerígeno y disruptor hormonal no es un riesgo sanitario. O por qué deciden, junto a la Secretaría del Medio Ambiente, ignorar que la contaminación ambiental y alimentaria de los agrotóxicos como el glifosato se ha encontrado en la sangre y orina de la totalidad de niñas y niños de escuelas en zonas de siembra (https://grain.org/e/7119).

Al día siguiente del comunicado referido, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología (Conahcyt) convocó a conferencia en relación al decreto de 2023, donde mostró en una serie de presentaciones, entre otras cosas, que la mayor demanda de glifosato es por el cultivo de transgénicos y que sí existen una diversidad de alternativas.

Una de ellas –la única que toma en cuenta el comunicado de Sader y compañía– es el desarrollo de una serie de productos llamados bioinsumos, que podrían sustituir al glifosato. No obstante, es un enfoque muy parcial. El tema fundamental no es continuar con la misma forma de agricultura industrial y sustituir un insumo, sino cambiar la forma de manejo de los cultivos y la agroalimentación, desde las semillas a cómo llega a nuestros platos.

En ese sentido, otras presentaciones, como el llamado manejo de arvenses, formas tradicionales de manejo de hierbas en los cultivos, reflejó una parte de la enorme riqueza y diversidad de conocimientos, probados y usados en todas las zonas del país, sobre todo a partir de las comunidades campesinas, que son la mayoría de las y los que producen alimentos para la población, no para el negocio. Más que alternativas, existen muchas realidades que muestran que no necesitamos glifosato ni agrotóxicos. Son las que realmente salvaguardan la seguridad agroalimentaria y mucho más.

* Investigadora del Grupo ETC