Quito. La larga tradición de respeto y amistad entre México y Ecuador se quebrantó –sin pronóstico de restablecimiento inmediato– tras una invasión militar y policial en la sede diplomática del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en Quito, este viernes 5 de abril.

Para ello se violaron, por parte del régimen de Daniel Noboa, los Convenios de Viena de 1961 y de 1963 sobre Relaciones Diplomáticas y Consulares, además del de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954. De hecho, ayer la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, no hizo mención de los artículos de esos convenios que le prohibían una invasión militar y el secuestro del ex vicepresidente Jorge Glas. Por el contrario, en una rueda de prensa sin preguntas, sólo aludió al artículo III de la Convención de Caracas y se olvidó del IV, que impide al gobierno ecuatoriano calificar un supuesto delito de Glas.

Prácticamente todos los gobiernos de América Latina condenaron la acción militar contra la sede diplomática de México acogiéndose al Convenio de Viena de 1961. Incluso, el secretario de la OEA, Luis Almagro, se pronunció al respecto con los mismos elementos. Sin embargo, en Ecuador las autoridades insisten en algo que se ha sostenido desde el 13 de diciembre, cuando Glas ingresó a la embajada: México se inmiscuye en asuntos internos. Y bajo ese criterio justifican la aprehensión del ex mandatario y la acción militar y policial.

Sólo hay un elemento diferente que ayer se hizo explícito por parte de la canciller Sommerfeld: Se detectó un riesgo inminente de fuga. Argumento que no se sostiene a la luz de los hechos. Desde ese día de diciembre los alrededores de la embajada mexicana, situada al frente del estadio Olímpico Atahualpa, en el norte de la capital, están repletos de militares y policías, uniformados y de civil, con vigilancia aérea permanente, además de una revisión total a quienes entraban y salían. Toda persona que intentaba acercarse era requerida por los agentes policiales. Pero, sobre todo, la casa está rodeada de edificios y de calles muy transitadas que impedirían cualquier salida no registrada o monitoreada.

El secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, añadió otro elemento a la polémica: informes de inteligencia habrían detectado mensajes entre Glas y personal diplomático con frases como: Todo estaba armado, Estábamos por salir. Con ese habría bastado para tomar una decisión que nunca antes la usó ningún país latinoamericano, ni cuando dictaduras como la de Augusto Pinochet, en Chile, tuvo a centenas de perseguidos políticos en varias embajadas de Santiago.

A pocos días de una consulta popular, Noboa se juega su capital político nacional e internacional, salvo por el respaldo implícito del gobierno estadunidense, con el cual tiene firmados convenios y tratados de colaboración militar y asesoramiento. Por supuesto, también cuenta con el apoyo de un sector importante de los corporativos, que casi a diario insistían en la necesidad de meter preso a Glas, a costa de lo que sea. De todos modos, incluso los más acérrimos detractores del ex vicepresidente han condenado y rechazado la violación del territorio mexicano en Ecuador.

Lo que molestó a Noboa fueron las palabras de López Obrador del pasado miércoles sobre lo ocurrido en Ecuador en las elecciones presidenciales del año pasado, donde ni siquiera se hizo mención al mismo Noboa o si en ese proceso se habría cometido algún delito o irregularidad. Al siguiente día se declaró persona non grata a la embajadora Raquel Serur, esposa del fallecido filósofo ecuatoriano Bolívar Echeverría. Se le dio un plazo de 72 horas para abandonar el país y hasta ese momento se sostenía que las relaciones diplomáticas seguían su curso regular.

Este viernes último, en su tradicional alocución mañanera, López Obrador volvió a referirse al tema y sostuvo que se manejaría con el respeto este impasse. Y sobre esas declaraciones no hubo reacción oficial ecuatoriana. Sin embargo, sí molestó que se redoblara el control policial en las puertas mismas de la embajada. Y al llegar la medianoche, toda la zona aledaña a la sede diplomática se alertó con la concurrencia de carros blindados y con vehículos negros de vidrios polarizados que ingresaron a la fuerza e inmediatamente se llevaron a Glas, quien ahora permanece en la cárcel de alta seguridad, en la ciudad de Guayaquil, denominada La Roca.

Glas ya había cumplido más de 50 por ciento de su condena ocho años por un caso de supuesto peculado. Tenía otra de seis años, pero en la legislación ecuatoriana la pena mayor absorbe a la menor y además que ya había sido liberado tras cumplir con todos los requisitos favorables al reo después de 40 por ciento del cumplimiento de su pena en un centro de reclusión. A pesar de ello, lo cual se considera persecución política, la fiscal general, Diana Salazar, abrió otros procesos y lo acusó de peculado en el manejo de recursos públicos tras el terremoto de abril de 2016, cuando ejercía el cargo de vicepresidente de Rafael Correa.