Gerardo Ávila García, ex secretario de la rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), cuenta con una orden de aprehensión vigente que libró un juez de control con sede en el Reclusorio Norte. En 2019, fue vinculado a proceso por el probable delito de uso indebido de atribuciones y facultades, al causar un supuesto quebranto a la hacienda pública por casi 23 millones de pesos. El caso está relacionado con el desvío de recursos de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol).

El ex secretario de rectoría de la UAEM promovió un juicio de amparo donde reclamó cualquier acto privativo de la libertad, así como la orden de aprehensión que hayan librado jueces de la Ciudad de México, estado de México o Morelos.

Al respecto, Nadyelly López Guevara, jueza primera de distrito en el estado de Morelos, señaló que el administrador del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Norte, en representación del juez de distrito, aceptó el acto reclamado; además, le remitió copia auténtica de las constancias de la causa penal; asimismo, López dijo que respecto a su ejecución, únicamente la Policía Federal Ministerial en la Ciudad de México aceptó el acto atribuido.

Sin embargo, la juzgadora declinó la competencia a su homólogo del juzgado sexto de distrito de amparo en materia penal en la Ciudad de México, ya que los actos reclamados en esa entidad son inexistentes. De ahí que este juzgado estima que carece de competencia para resolver este juicio, por razón de territorio, puesto que si bien en un principio el quejoso señaló como autoridad responsable a la antes mencionada, quien tiene jurisdicción en el estado de Morelos, lo cierto es que ésta resultó inexistente, sin que el quejoso haya desvirtuado dicha inexistencia.

El caso se turnó a un tribunal colegiado que determinará cuál de los dos juzgados debe atraer y estudiar el juicio de amparo, para que determine si concede o no a Gerardo Ávila la protección de la justicia federal contra los actos reclamados.

Según las indagatorias, el 15 de agosto de 2014 Gerardo Ávila suscribió el anexo técnico tres del convenio de colaboración del 6 de mayo de 2013 entre la ex directora general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), durante la gestión de Rosario Robles, y la UAEM.

Para la fiscalía, fue un contrato indebido, ya que de acuerdo con los datos de prueba, las condiciones eran que la universidad no podía subcontratar a un tercero más de 49 por ciento de lo acordado; sin embargo, la UAEM pagó 21 millones 333 mil pesos a Fralo Soluciones Tecnológicas, es decir, más de 92 por ciento.

En 2020, un juez de control con sede en Almoloya de Juárez, estado de México, también libró 11 órdenes de aprehensión contra una red de servidores públicos, entre ellos Ávila García, por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según las carpeta de investigación, estas personas eran utilizadas para que presuntamente Rosario Robles, ex titular de Sedesol, se beneficiara del desvío de más de 77 millones de pesos durante su gestión como titular de la Sedesol y la Sedatu, entre 2012 y 2018.