Colegios de abogados y agrupaciones de magistrados y jueces se pronunciaron ayer en contra de la reforma a la Ley de Amparo, aprobada en comisiones del Senado, que prohíbe otorgar suspensiones con efectos generales, para frenar leyes.

Argumentaron que la modificación vulnera los derechos de acceso a la justicia y no discriminación y afecta especialmente a grupos vulnerables, pues se daría un trato desigual a quienes no hayan acudido al amparo, pero que sean afectados por una legislación que posteriormente a su análisis resultara contraria a la Constitución.

Representantes de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas, el Colegio de Abogados y el Consejo General de la Abogacía Mexicana se reunieron con la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Olga Sánchez Cordero.

Los profesionales consideraron que la reforma pretende limitar la procedencia de la suspensión en materia de amparo y restringir los posibles efectos de esta medida cautelar, lo cual debe ser tarea del órgano jurisdiccional, no del legislador.

Agregaron que acotar la procedencia del juicio de amparo, instrumento protector de los derechos humanos, así como de la medida cautelar que prevé, es limitar la eficacia de esa herramienta.

De adoptarse, el proyecto de reforma lesionaría el principio de supremacía constitucional al no poder garantizar la plena eficacia de la Carta Magna, señalaron.

Sánchez Cordero rechazó que se vulnere la institución del juicio de amparo o la suspensión. Esta última no se extingue, pues continúa regulada en los artículos 125 al 158 de la Ley de Amparo, por lo cual, contrario a lo que muchas personas creen, esta reforma busca proteger los derechos humanos de todas las personas, subrayó.

En redes sociales, la senadora apuntó que se está adecuando la norma reglamentaria al texto constitucional vigente.

Por su lado, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación destacó en un comunicado que la reforma afectaría directamente a las personas justiciables, ya que impediría a los jueces aplicar en su beneficio, como lo mandata el artículo primero constitucional, el principio de progresividad de los derechos humanos, los cuales deben aumentar y no disminuir.

Respecto a la división de poderes, hizo un llamado a los legisladores federales para que esta iniciativa se apegue a los parámetros constitucionales.

El presidente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, Miguel Ontiveros Alonso, advirtió que de aprobarse la propuesta se limitaría gravemente la eficacia del juicio de amparo y se vulneraría el principio de supremacía de los derechos humanos, al cancelarse la posibilidad de que los juzgadores valoren si la suspensión que se solicita debe otorgarse para impedir una mayor afectación al interés social.