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Cambio de medida no implica liberación automática: abogados
 
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de abril de 2024, p. 7

El que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh) instara al Estado mexicano a modificar la prisión preventiva oficiosa (PPO) a justificada, para que no sea automática, no implica que más de 68 mil personas en esa condición vayan a ser liberadas, como lo advirtió ayer la Secretaría de Gobernación (SG), sino que se tiene que revisar si hay elementos para mantenerlos en la cárcel, aseguraron los abogados que presentaron el caso de Daniel García y Reyes Alpízar (en PPO por más de 17 años) ante el tribunal y por el cual se ordenó la modificación de dicha figura.

Simón Hernández y David Peña, también integrantes del colectivo Pena Sin Culpa, aseveraron que igualmente es competencia de la Suprema Corte resolver sobre el tema, pese a los señalamientos contrarios de la SG, ya que a un año de que se dictó la sentencia obligatoria e inapelable, el Congreso no ha legislado en la materia.

En entrevista, Hernández explicó que la Corte Interamericana no está quitando herramientas a México en materia de justicia; simplemente está diciendo que debe subsistir la prisión justificada.

Insistió en que la modificación no implica lo que señala de manera falsa la Secretaría de Gobernación. Es revisar en cada uno de los casos si hay necesidad de esa medida, en la que se analicen los datos objetivos, como si hay riesgo de fuga, se puede obstruir la investigación, se pone en riesgo a las víctimas, entre otros, dijo.

Lo anterior, debido a que hay casos de personas que han estado muchos años en prisión y algunos son declarados inocentes, añadió.

David Peña recordó que la PPO se construyó como un recurso temporal, pero que se ha utilizado para sumar delitos que permitan mantener en prisión a las personas. Ello, subrayó, ha debilitado a los ministerios públicos porque le ha quitado la obligación de investigar y de justificar estas medidas.

Calificó como vergonzoso que la titular de la SG, Luisa María Alcalde, haya dicho que hay 68 mil personas en prisión preventiva oficiosa, sin sentencia, ya que si bien muchas pueden ser culpables, muchas otras son inocentes.