Campeche, Camp., La administración de la gobernadora Layda Sansores requirió a los policías, en protesta desde hace 33 días, la entrega de las 492 patrullas que están en las instalaciones de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana (SPSC), a fin de normalizar el servicio.

Los uniformados, por su parte, se negaron a acatar el oficio que les entregó personal de la Dirección Jurídica de la SPSC, pues aseguraron que no se cumplió con el protocolo al no acudir a ese acto de entrega algún representante de la Secretaría de la Contraloría y un notario público al servicio de los policías a fin de tener una garantía de que no se les acusará de alguna irregularidad en los vehículos.

También denunciaron que uno de los firmantes de la solicitud de entrega de las patrullas es Antonio Saradam Solís Santiago, en su calidad de director de la Policía Estatal Preventiva, quien, según la gobernadora, fue uno de los cesados de su cargo hace un mes y uno de los responsables del operativo fallido en el penal de San Francisco Kobén, el 15 de marzo, motivo por el cual están en paro desde el 16 de marzo.

Una vez más se demuestra que la gobernadora Layda Sansores miente, pues públicamente dio a conocer el cese de Saradam, pero ahora resulta que es él quien nos exige la devolución de las patrullas, acusó el oficial Cristóbal, uno de los portavoces de la protesta.

No nos negamos a devolver las unidades, pues en efecto son propiedad del gobierno del estado; pero que se cumplan los protocolos, demandó en nombre de los sublevados.

Las autoridades estatales están desacatando el amparo definitivo que nos protege para que no nos afecte en el trabajo que desempeñamos, ya que son nuestras herramientas de labor y no es a los policías a quienes dañan, sino a los ciudadanos, que se quedan sin el servicio, destacó por su lado el oficial José Francisco Hay.

Nos pueden quitar la gasolina y las patrullas, pero nunca podrán arrebatarnos ni la dignidad ni nuestro deseo de servir a la ciudadanía. A pie o como sea, nosotros seguiremos nuestros patrullajes, agregó.

Según los inconformes, desde el primer día de la protesta cerraron el área de armería y salieron a prestar el servicio desarmados para evitar irregularidades, aunque con ello expongan sus vidas.

En tanto, el vocero del gobierno estatal, Walther Patrón Bacán, negó que se haya suspendido el suministro de gasolina a las patrullas y aseguró que sólo se pretende que haya más control sobre los recorridos que hacen. También negó que exista represión contra el personal por los cambios de áreas que se han dado últimamente y sostuvo que esos relevos son comunes y frecuentes.