La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) refutó el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre la situación de las garantías fundamentales en México, ya que no se ajusta a la verdad y presenta una visión inexacta de las evoluciones que nuestro país está realizando en la materia.

Al presentar su posicionamiento sobre el informe del país vecino, aseguró que ha habido cambios significativos y positivos en la situación de los derechos humanos en la nación.

Respecto a lo señalado por el Departamento de Estado, en el sentido de que “la mayoría de las denuncias ni se investigan ni procesan…”, la CNDH puntualizó que de 2008 a 2023 ha atendido a un millón 951 mil 429 personas, y específicamente en 2023, a 123 mil 445.

De estas últimas, indicó, 51 mil 219 expedientes corresponden a presuntas violaciones a garantías fundamentales, lo que implicó el trámite de 166 mil 268 carpetas en dicho periodo, y el año pasado fueron sólo 19 mil 916.

Mencionó que de 2008 a 2013 hubo mil 767 recomendaciones ordinarias y 149 por transgresiones graves, mientras en 2023 fueron 311 y 59, respectivamente.

En el documento de 17 páginas, la CNDH asegura que los hechos presuntamente violatorios de derechos humanos han ido a la baja, pues mientras en 2020 se registraron 265 mil 668, en 2021 la cifra bajó a 143 mil 619 expedientes, de los cuales, 123 mil 408 corresponden a los Organismos Públicos de Derechos Humanos de los estados.

Sobre las detenciones arbitrarias, anotó que se redujeron de manera muy sensible en los últimos tres años. Mientras el punto más alto se registró en 2011, con mil 629 casos, y en 2022 cayó a 113.

Si se organiza por sexenios, el de Felipe Calderón acumuló 5 mil 880 expedientes de detenciones arbitrarias; el de Enrique Peña Nieto, mil 217, y en lo que va del actual sexenio suman 385 expedientes, lo que representa una reducción de 93.45 por ciento, puntualizó.

La CNDH afirma que trabaja en un análisis más detallado y preciso para responder íntegramente no sólo al Departamento de Estado, sino para que el pueblo de México, que es el único autorizado para juzgar, conozca lo que acontece en el territorio, y al que esta comisión debe rendir cuentas.