El Partido Revolucionario Institucional (PRI), en la mayor parte del país ha incurrido en un esquema de moches para desviar los recursos etiquetados para promoción política de la mujer, expuso la diputada federal del tricolor Monserrat Arcos, quien ayer presentó una denuncia contra el dirigente del partido, Alejandro Moreno, al que acusó de violencia política en razón de género, en un caso cuyo fondo se encuentra en la firma de contratos con los que Moreno se habría hecho de al menos 16 millones de pesos de manera irregular.

Al presentar la denuncia ante la Fiscalía Especializada en materia de Delitos Electorales (Fisel), Arcos expresó: Lamento que en el PRI hoy el dirigente vea al partido como su escudo de impunidad, porque no ha podido demostrar otra cosa que no sea corrupción, y que básicamente utilice los recursos del partido como una caja chica para sus pretensiones personales o para sus excesos que son de todo el mundo conocidos.

Cuando ella fue titular del Organismo Nacional de Mujeres Priístas, Alito Moreno le solicitó que los recursos que recibe el partido a nivel nacional, etiquetados para acciones de promoción política de las mujeres, se destinaran a la contratación de cursos y capacitaciones virtuales con una empresa que cobró 32 millones de pesos. La intención era regresarle a Moreno Cárdenas la mitad, indicó la legisladora.

Son 16 millones de pesos cuyo destino era el presidente del partido, Alejandro Moreno Cárdenas. Básicamente a mí sólo me dijeron que tenían una necesidad económica y que él (Alejandro Moreno) requería el recurso. Él personalmente me lo solicitó, agregó.

Por tal motivo, también señaló a Marco Antonio Gómez Alcántar como uno de los contratistas, así como al secretario de Finanzas del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Hugo Eduardo Gutiérrez Arroyo, relató tras hacer la denuncia.

En entrevista con La Jornada, reveló que “en el caso de los estados, y esto es lo más grave, nosotros tenemos representaciones estatales de la organización de mujeres que yo presidía y de la que me destituyeron, entonces (en los estados) también tienen la obligación y el derecho de aplicar 3 por ciento de los recursos etiquetados -porque es otro recurso, una cosa es el nacional y otros los estatales–; de mis líderes estatales tenía el reporte de que solamente cinco o seis sí podían acceder al recurso, y a las demás las hacían firmarlo (el esquema de moches). Y no es el único, es algo común en los partidos políticos”.

Tras su decisión de rechazar la petición de Moreno Cárdenas, Arcos subrayó que ha recibido incluso amenazas de muerte, además de ser apartada de las reuniones presenciales del Comité Ejecutivo Nacional (CEN), destituida de su cargo y finalmente excluida del proceso de selección de candidaturas.