El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) debe resolver si los funcionarios de casilla pueden impedir a la ciudadanía ingresar a votar con teléfonos celulares y no la Comisión de Capacitación y Organización de dicho órgano electoral.

Tras analizar la impugnación que presentó el PRD, los magistrados de la sala superior aprobaron que esa comisión del INE no tenía la autoridad para resolver la queja, por lo que revocó el acuerdo que habían avalado y ordenó al Consejo General del INE analizar el caso y desahogar la solicitud del sol azteca.

El PRD recurrió a la máxima instancia electoral al considerar que esa comisión desestimó su petición.

El pleno de la sala superior señaló que el agravio tenía fundamento, porque la cuestión planteada rebasa una postura sobre aspectos técnicos y operativos. “Por lo que, al tratarse de un posicionamiento que representa la emisión de un criterio general, deberá someterse a la aprobación del máximo órgano de dirección del citado instituto", dice el proyecto de sentencia aprobado.