Cada año 100 mil personas son expulsadas de la ciudad porque no pueden pagar una vivienda; de ellas, 20 por ciento terminan en asentamientos irregulares en suelo de conservación, lamenta el titular del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva, Federico Taboada López.

En entrevista con La Jornada, señaló que la falta de planeación urbana ha convertido a la capital en una metrópoli desigual, en la que el precio promedio de una vivienda es de 4 millones de pesos, en cuyo caso la hipoteca sólo puede pagarla 3 por ciento de la población.

Y va más allá: de 2001 a 2014 se construyeron 11 millones de viviendas en México, de las cuales 7 millones están abandonadas en municipios como Tizayuca, Chimalhuacán y Tecámac, es decir, hoy tienes gente muy pobre que paga la hipoteca de una casa que no habita y también un arrendamiento.

En el caso de la capital, Taboada López –quien fue designado encargado de despacho del instituto el 16 de marzo– subrayó que es necesario establecer una política que fortalezca el acceso a la vivienda con el propósito de que quienes trabajan en la ciudad vivan en la ciudad, con esquemas como el de propiedad de protección, del gobierno y que se adjudique a los sectores de mayor vulnerabilidad, o también rentar o vender a sectores con mejores ingresos, pero de manera que puedan pagarla.

Se trata, dijo, de una estrategia que ha dado buenos resultados en varias ciudades del mundo, como Viena y París, donde 66 y 30 por ciento de los residentes, respectivamente, viven en una casa que es del gobierno. Hay que ser más audaces en política de vivienda, que el gobierno cumpla su papel de desarrollarla por su propia cuenta; está bien que los constructores hagan una parte de la oferta, pero hay otra que nunca van a atender y eso lo tiene que hacer el gobierno.

El funcionario sostuvo que la administración local tiene reservas de suelo para construir, por ejemplo en Calzada de Tlalpan, que cumple con las condiciones necesarias: transporte, factibilidad de agua y buena carpeta vial.

Agregó que también se debe trabajar en estrategias para abaratar la vivienda y eso requiere de una mayor oferta, que actualmente no es superior a 6 mil unidades al año, cuando la demanda es de 70 mil, por lo que no podemos dejar únicamente al mercado la decisión de que la gente pueda vivir en una ciudad o no.

Para eso deben diversificarse los medios de tenencia de vivienda, pues en México desde hace 50 años ha predominado el de la propiedad y se requiere tener acceso a créditos bancarios, lo cual excluye a 60 por ciento de los trabajadores; de allí que se debe fortalecer el arrendamiento, pero con una regulación que establezca condiciones justas para ambas partes.

Taboada López precisó que una política de vivienda con planeación permitirá mejorar la calidad de vida de las personas y revertir situaciones como la de los largos trayectos de quienes, con menos ingresos, invierten una hora y cuarto más que las de mayores ingresos, o que la cobertura de equipamientos de salud, culturales y educativos se concentren en seis alcaldías, mientras el resto están desprovistas en la proporción que deberían tener.

Destacó que la idea es impulsar y liderar desde el instituto una política con perspectiva de inclusión, que sea adoptada por la mayor parte de la sociedad, de allí que se trabaje de la mano con vecinos, académicos y funcionarios para alcanzar el objetivo de que todos los que hacen funcionar a la ciudad puedan vivir en ella.