iles de simpatizantes del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) respondieron a la convocatoria de esa formación para manifestar su respaldo al presidente de España, Pedro Sánchez. El miércoles pasado, el mandatario publicó una misiva en la cual denota su hartazgo y frustración con la campaña permanente de las derechas para descarrilar su gobierno, cuyo último episodio fue una denuncia penal contra su esposa, Begoña Gómez, por supuesto tráfico de influencias. Al respecto, el dirigente socialista expresó que no es ingenuo: tiene claro que la causa no tiene nada que ver con los actos de ella, sino con el hecho de que es su esposa.

No es la primera vez que la cónyuge y la familia política de Sánchez son usados por sus adversarios con el propósito de poner fin a su carrera política. En 2014, los entonces secretarios de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, y comisario de policía, José Manuel Villarejo, urdieron un plan para vincular al suegro del hoy presidente con unos negocios de prostitución encubierta a través de los saunas que regentaba. Estas acusaciones fueron desacreditados por la divulgación de audios grabados por el propio Villarejo en los que se escucha a Martínez conspirar para golpear a Sánchez, y además se encuentran totalmente empañadas por las revelaciones del siniestro historial del ex policía, preso por múltiples acusaciones de espionaje, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias.

Quienes ahora conducen la guerra sucia contra Sánchez son los integrantes de la organización de ultraderecha Manos Limpias, cuyo nombre es burla o paradoja, según se mire. Esta entidad, análoga a algunas que operan en México, tiene dos líneas de actividad: el lawfare contra personajes, organismos y movimientos progresistas, y la extorsión para el enriquecimiento personal de sus cabecillas. En 2021, su secretario general, Miguel Bernad, el ex presidente de la Asociación de Usuarios de Servicios Bancarios (Ausbanc) y dos colaboradores de éste fueron condenados por la Audiencia Nacional por extorsionar a bancos y empresas para que les pagasen a cambio de evitar acciones judiciales o campañas de descrédito en su contra. Pese a que la Fiscalía pedía 24 y 118 años de cárcel para los mencionados, únicamente se les condenó a cuatro y ocho, respectivamente. Tres años después, el Tribunal Supremo les revocó las condenas al considerar que sus conductas fueron éticamente reprochables, pero no le parecían lo suficientemente intimidatorias como para calificarlas de extorsión. El desarrollo de este caso es uno más de los procesos aberrantes en los que se exhibe la parcialidad de los togados y la flagrante captura del Poder Judicial español por parte de camarillas conservadoras y corruptas –lacra en la que el país peninsular también muestra un claro paralelismo con México.

La combinación de membretes facciosos que se hacen pasar por sociedad civil con togados que admiten a trámite (y muchas veces llevan hasta la sentencia) expedientes carentes de cualquier sustento jurídico, y medios de comunicación prestos a difundir bulos acordes con sus filias ideológicas y sus intereses económicos, representa uno de los mayores peligros para la democracia en la actualidad. Estas conjunciones afectan el bienestar general al frenar obras públicas y programas de gobierno, distorsionan la voluntad popular al instalar la idea de que determinados dirigentes son culpables de ilícitos o faltas administrativas en los que no tienen ninguna responsabilidad y, en casos extremos, son el punto de partida de golpes de Estado oligárquicos.

Como advirtió esta semana el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, los sectores progresistas deben organizarse dentro y más allá de las fronteras nacionales para proteger a la sociedad del crecimiento de la ultraderecha y su embate antidemocrático. En lo inmediato, es claro que la defensa de Pedro Sánchez no constituye un asunto de simpatías personales ni mucho menos un cheque en blanco al Ejecutivo español, sino la salvaguarda de la institucionalidad frente a las pulsiones golpistas.