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Dice Batres tener otros datos y opiniones sobre el agua contaminada
 
Periódico La Jornada
Lunes 29 de abril de 2024, p. 38

Ante la queja interpuesta por colonos de la alcaldía Benito Juárez en la Comisión de Derechos Humanos local, por la falta de atención a la contaminación del agua en el pozo Alfonso XIII, el jefe de Gobierno, Martí Batres, afirmó que tiene otros datos y otras opiniones de los habitantes de la demarcación, con quienes se ha mantenido un contacto amplio y directo.

En conferencia de prensa, donde anunció que la Red Transportes de Pasajeros (RTP) se integrará al sistema de electromovilidad, con la adquisición de 50 autobuses eléctricos, el mandatario detalló que se han hecho 15 mil visitas domiciliarias a casi un mes del primer caso reportado por olor a combustible en el agua.

Aseguró que aún no ha sido notificado de la queja, pero destacó que la ciudadanía ha podido contactar no sólo a los trabajadores del gobierno, sino a los propios secretarios, como el de Bienestar Social, Juan Gerardo López, y de Protección Civil, Myriam Urzúa, quienes han estado en la zona de manera permanente, así como a otros funcionarios de alto nivel.

Afirmó que se mantendrá por lo menos un puesto de mando en el norponiente de la alcaldía hasta que sea necesario, aunque la demanda de garrafones y pipas ha ido disminuyendo, lo que demuestra que se va hacia la normalidad.

Sacmex ya fue notificado

En tanto, el comité vecinal de Derechos Humanos señaló que el organismo ya notificó de la queja al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y de que iniciará una investigación, a fin de acreditar la violación a los derechos humanos.

Señalaron que el organismo se comprometió a que en un plazo no mayor a cuatro meses, de encontrarse elementos violatorios a sus derechos humanos, emitirá una recomendación a las autoridades.

Vecinos de la colonia Del Valle, por otra parte, informaron que tras la prueba de una toma domiciliaria, se encontró una variación de 28.7 por ciento respecto de los límites permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales en cuerpos receptores propiedad de la nación.