Juan Fernando Alvarado López, juez séptimo de distrito en el estado de Tamaulipas, concedió la protección de la justicia federal a tres familias migrantes que habitaban el albergue Senda de Vida y ordenó a las autoridades municipales de Reynosa, así como a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y a la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos que las reubiquen en un lugar digno y seguro.

Al resolver un juicio de amparo, promovido por migrantes en representación de sus hijas e hijos menores de edad, el togado argumentó que las autoridades vulneraron el derecho humano de los migrantes a ser trasladados a un lugar digno y seguro, establecido como una obligación y responsabilidad reconocidas a nivel internacional, luego de ordenar la demolición del albergue en el que se encontraban.

También dijo que los extranjeros tienen reconocidos sus derechos humanos sin importar su estatus migratorio y no deben sufrir ningún tipo de discriminación y que, tras la orden de desa-lojo y demolición del inmueble ubicado sobre el bordo del río Bravo, las familias que ahí se encontraban quedaron en situación de vulnerabilidad.

En la sentencia sostuvo que conforme a los estándares internacionales no es admisible que el Estado mexicano limite unilateralmente su jurisdicción para dejar fuera de su protección a personas que en realidad se encuentran bajo su resguardo, pues independientemente de su estatus migratorio tienen reconocidos sus derechos humanos y por tanto no deben sufrir ningún tipo de discriminación.

La resolución recuerda que hay vías para que los migrantes permanezcan en el país, como visitante, residente temporal o permanente, para lo cual se debe cumplir con los requisitos establecidos en el marco normativo nacional y ser tramitadas ante el Instituto Nacional de Migración; no obstante, una instancia irregular no es obstáculo para el ejercicio de sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución e instrumen-tos nacionales.

Las familias migrantes, de nacionalidad hondureña y salvadoreña, solicitaron el amparo y la protección de la justicia federal en contra de actos del titular de la sección mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre México y Estados Unidos, con sedes en Ciudad Juárez, Chihuahua y en Reynosa, Tamaulipas, así como de autoridades municipales de esta última ciudad, entre otras.

Indicaron que para el desalojo del inmueble no existió un juicio de por medio que cumpliera con las formalidades esenciales del procedimiento ni un mandamiento escrito de la autoridad que fundara y motivara las razones de su demolición.