Madrid. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) solicitó ayer al juez instructor del caso, Manuel García Castellón, de la Audiencia Nacional, que tome declaraciones e impute al ex secretario de Estado de Interior durante el gobierno de Mariano Rajoy, Francisco Martínez, y al ex comisario de policía José Manuel Villarejo por el espionaje contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y su entorno familiar.

La petición del PSOE se basa en unos audios revelados por el propio Villarejo y grabados en 2014, en los que el funcionario del Partido Popular (PP) habla de matar políticamente al líder socialista involucrando a su suegro, dueño de baños sauna en el centro de Madrid, en una falsa trama de prostitución.

La acusación se sustenta en unos audios que vieron la luz por primera vez en 2022, dados a conocer por el diario ABC y que el pasado viernes, a raíz del periodo de reflexión que abrió Sánchez para decidir si valía la pena continuar en el cargo ante la guerra sucia contra su esposa, Begoña Gómez, se recuperaron en Eldiario.es y el periódico El País.

Con estas grabaciones, el PSOE pretende construir el argumento para probar que Pedro Sánchez lleva sometido a ataques de guerra sucia desde hace 10 años, cuando era el líder de la oposición y secretario general del partido.

Las grabaciones forman parte de la investigación abierta en la Audiencia Nacional contra la llamada policía patriótica, creada durante el gobierno de Rajoy para perseguir y vigilar con métodos presuntamente ilegales a los líderes del separatismo catalán, que entonces preparabana la declaración unilateral de independencia de 2017, que finalmente fracasó.

El PSOE denunció ahora que la investigación realizada por los funcionarios del Ministerio del Interior con fondos públicos tenía fines partidistas.

Ante esta petición, el juez García Castellón pidió un informe a la Unidad de Asuntos Internos de la Policía sobre la relevancia penal de los audios.

La decisión se conoce después de que el pasado lunes, cuando Sánchez decidió quedarse al frente del gobierno, señaló en entrevista con la Televisión Pública Española que espera que quienes espiaron a la familia de mi mujer rindan cuentas ante la justicia. Espero que esto no quede impune.

En la manifestación del Día del Trabajo, el líder de Comisiones Obreras, Unai Sordo, señaló que la justicia es ante todo un servicio público a la ciudadanía y el Judicial es un poder del Estado, por tanto se tiene que resolver su renovación en términos democráticos.