Quito. Con la oferta de que no volverá a ocurrir, ayer la delegación ecuatoriana en la Corte Internacional de Jusiticia (CIJ) justificó el asalto a la embajada mexicana en Quito. Lo ocurrido el 5 de abril fue una excepción. Ahora no hay el riesgo de nuevas intromisiones. Ecuador ha garantizado la inviolabilidad de la sede diplomática y sus archivos, explicó el jefe de la delegación, el embajador en Países Bajos, Andrés Terán.

Con la participación ecuatoriana, la CIJ cerró ayer la audiencia para dar paso a la deliberación sobre el pedido de México de que se le otorguen medidas cautelares para que se facilite el retiro de los artículos que se encuentran en la sede diplomática en Quito y se abstenga de realizar cualquier tipo de acción que pueda agravar el conflicto diplomático entre ambos países.

El equipo de abogados privados (ni uno solo ecuatoriano) afirmó que se han brindado todas las facilidades para proteger la embajada de México tras el asalto, y pidió a La Haya que considere las medidas provisionales solicitadas por México.

Los juristas Alfredo Crosato (peruano), Michael Wood (inglés), Sean Murphy (estadunidense) y Omri Sender (israelí) expusieron sus alegatos de descargo ante los señalamientos de México, pero llamó la atención la introducción del embajador Terán, quien tachó la audiencia en La Haya de innecesaria e injustificada, pues aseguró que su gobierno está brindando todas las garantías para la protección de las instalaciones de la sede diplomática, así como de sus bienes y archivos.

Agregó que Ecuador es consciente de la irrupción en la embajada mexicana en Quito, porque fue una medida excepcional y aislada. Asimismo, recordó que el 9 de abril comunicó a México, por escrito, de la intención de brindar estas garantías. El peruano Crosato consideró que algunos argumentos presentados por México el martes pasado son irrelevantes. Asimismo, criticó que la otra parte se haya apresurado al iniciar procedimientos ante La Haya.

El jurista explicó que la decisión de asaltar la embajada se adoptó para detener al ex vicepresidente Jorge Glas (un criminal común que ha sido debidamente condenado en dos ocasiones, como dijo antes Terán), por lo que observó el argumento de México sobre la pérdida de confianza de que Quito cumpla con sus obligaciones internacionales.

Crosato reiteró que Ecuador, en sus comunicaciones con las autoridades mexicanas antes de la ruptura de las relaciones diplomáticas, manifestó su preocupación por el refugio concedido a Glas y anticipó que no sería lícito hacerlo. La defensa sostuvo que México ha inobservado las convenciones internacionales sobre asilo diplomático.

En esa misma línea, Wood sostuvo que el asalto a la embajada se constituye como un incidente excepcional, que nunca antes había ocurrido y no ocurrirá jamás. El jurista inglés remarcó ante la CIJ que no existe una situación de gravedad y urgencia para otorgar las medidas provisionales a México. Además, hizo un llamado a los jueces para que consideren todo el caso y analicen el pedido de México de medidas cautelares.

Hasta el cierre de esta edición no hubo declaraciones de las máximas autoridades en Quito, pero sus aliados políticos y los medios de comunicación oficialistas resaltaron la magnífica defensa de los abogados.