Jueves 2 de mayo de 2024, p. 35
Editorial
Mientras se planea la estrategia para combatir las modificaciones en la Ley de Amparo, respecto de la improcedencia de la suspensión de leyes con efectos generales, el tema del cambio en materia de afores también llama a la discusión. Para las personas de bajos recursos que se sienten afectadas por la posibilidad de que las pensiones de parientes cercanos pudieran no serles aplicadas, en caso de poder contratar abogados con triple especialización (amparos, seguridad social y pensiones, con referencia a las afores) tendrán que promover sus respectivos juicios en tanto se define la posibilidad de que, como antes de la reforma, se beneficien de los otros amparos, los promovidos por abogados contratados por quejosos con solvencia económica o las acciones de legisladores y demás instituciones facultadas para ello. Lo anterior va, incluso, en contra del discurso oficial que impulsa la reforma judicial, pues hace aún más elitista el acceso a la justicia.
Limitar la suspensión con efectos generales en temas de seguridad social (como lo son las pensiones y su derivación de afores) no es un argumento político para hacer campaña: es una regresión en el derecho de defensa de quienes no cuentan con recursos para contratar a litigantes de honorarios inalcanzables para ese segmento poblacional
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Los retos de la judicatura
contiene las memorias del Congreso Internacional 2023, convocado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, bajo la dirección del Magistrado Froylán Muñoz Alvarado, y la Facultad de Derecho de la UNAM. Contiene 53 ponencias, 15 de ellas por ponentes extranjeros, sobre Independencia y garantías judiciales
, Justicia ambiental
, Democracia y justicia electoral
, Género y justicia social
y Nuevos paradigmas de los derechos procesales
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La profundidad de varias ponencias no opaca la intención de los juzgadores federales: participaron también Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se ventilaron públicamente preocupaciones judiciales ante académicos, integrantes de las judicaturas locales y representantes de sectores científicos, además del público en general. Un ejercicio de transparencia acorde con el sentido de la Máxima Casa de Estudios mexicana, pero también con la intención de que el público accediera a titulares de la judicatura nacional para evidenciar que el Poder Judicial mexicano es democrático y está dispuesto a participar con ideas puntuales en la vida pública nacional.
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