Aprobada ya por las dos cámaras del Congreso, la reforma en materia de educación inclusiva para estudiantes con discapacidad sólo espera que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación para que pueda entrar en vigor en el siguiente ciclo escolar 2024-2025.

La reforma a la Ley General de Educación, que cumple con una sentencia de la Corte, hace énfasis en favorecer el aprendizaje de todos los alumnos, y en este caso principalmente de los que están excluidos, marginados o en riesgo de estarlo.

Con los cambios, se busca que la enseñanza se dirija con respeto a la dignidad, derechos humanos y libertades fundamentales de los alumnos, con especial refuerzo a su autoestima y aprecio en la diversidad humana.

Ayer, en conferencia de prensa, la diputada Gabriela Sodi (PRD) explicó que el alcance de la reforma tenía como objetivo cumplir la sentencia de la Corte sobre la acción de inconstitucionalidad 121/2019, relativa a la educación inclusiva y por la falta de consulta a las personas con discapacidad.

Recordó que, en su fallo, los ministros concluyeron que el Congreso fue omiso a las obligaciones constitucionales y convencionales al no establecer una consulta en donde se garantizara, promoviera, respetara y protegiera los derechos humanos de las personas con discapacidad, que transgredía el derecho a ser tomados en cuenta y a una educación inclusiva.

Para acatar la sentencia, la Cámara –con la participación de ONG, colectivos y profesionales en la materia– realizó la primera consulta que atiende todos los criterios establecidos por la Corte en la historia de este Congreso.

La legisladora insistió que la reforma tendrá un impacto sustancial en la vida de las personas en situación de vulnerabilidad, debido a que refiere al conjunto de acciones orientadas a identificar, prevenir, reducir o eliminar las barreras que limitan el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de los educandos; eliminando así cualquier práctica de discriminación, exclusión y segregación.