Luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) rasuró el registro de más de 2 mil 600 personas en prisión preventiva que podrían votar en la Ciudad de México, alrededor de 710 promovieron juicios electorales para ejercer sus derechos político electorales dentro de los penales de la capital.

Información de la Defensoría Pública refiere que hasta el momento 609 personas en prisión preventiva han ganado sus juicios para sufragar.

En tanto, el Instituto Electoral local reportó que a partir de este lunes podrán sufragar mil 862 personas en diversos centros de reinserción social en la ciudad; no obstante, se prevé que el número se incremente a más de 2 mil si los juicios resultan favorables para los internos.

Dicho número es menor a las 6 mil 690 personas en prisión preventiva que originalmente se consideraban como el universo de posibles votantes; no obstante, a partir de las revisiones del INE se redujo a 4 mil personas, de las cuales aceptaron participar mil 500.

A partir del debate que se realizó en el centro penitenciario de Santa Martha Acatitla, el consejero Bernardo Valle informó que se detectaron diversas preocupaciones en esa población, entre ellas sus familias, e incluso la importancia de conocer sus derechos.

Por otra parte, personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México dará acompañamiento a la jornada de votación de personas en prisión preventiva el 6, el 8 y el 10 de mayo, en caso de que interpongan alguna queja por este proceso u otro asunto que considere por la violación a sus derechos.

El ejercicio de votación anticipada comenzará hoy en el Centro Femenil de Reinserción Social, el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, el Centro Varonil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, la Penitenciaría y los reclusorios preventivos varoniles Norte, Oriente y Sur, pues su participación es parte de su proceso de reinserción social.

Se trata, dijo, de acompañar el esfuerzo interinstitucional de las instancias electorales locales y federales, así como de autoridades de los centros penitenciarios.