n lo que va de 2024 ha habido una serie de reveses al neocolonial sistema de protección de inversiones contenido en tratados de libre comercio (TLC) y de inversiones (TBI). Son avances en el contexto de la urgencia que planteó David Boyd, el relator especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente (ver Derechos humanos y empresas trasnacionales, La Jornada, 23/10/23). Boyd advirtió en 2023 a la asamblea general de Naciones Unidas que es imperativo que los estados aceleren el ritmo para enfrentar las acciones climáticas y medioambientales, a fin de evitar una catástrofe planetaria y cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, pero que sin embargo ha surgido el obstáculo de enormes proporciones que representa el sistema de solución de controversias inversionista-Estado (ISDS por sus siglas en inglés). Su reporte Pagar a los contaminadores: las catastróficas consecuencias de la solución de controversias entre inversionistas y estados para la acción climática y ambiental y los derechos humanos (https://tinyurl.com/5xm3dz6f) es imprescindible.

Ante la mordaza que representa el sistema ISDS, hago un recuento de cinco alentadores acontecimientos este año.

1. En Estados Unidos crece la presión al presidente Biden para que, más allá de su promesa de no incluir ISDS en futuros tratados, retire este mecanismo de los tratados existentes. Al llamado del año pasado de congresistas liderado por la senadora Elizabeth Warren (https://tinyurl.com/4kefse2a), se han sumado más de 300 profesores de derecho y economía, resaltando el caso de la demanda de TransCanada contra Estados Unidos por 15 mil millones de dólares y de Prospera contra Honduras por alrededor de 11 mil millones de dólares ( https://tinyurl.com/3e2dz64u).

2. Respecto a esta última demanda, y una avalancha de demandas más en 2023, Honduras anunció su retiro del Centro Internacional de Arreglos de Diferencias de Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial (ver México: ¿seguir a Honduras o a Ecuador?, La Jornada, 11/3/24). El resto de los países del hemisferio deberían hacer lo mismo, recordando el llamado No de Tokio de 1964, cuando todos los países de América Latina y otros votaron en contra de su creación durante la reunión anual del Banco Mundial, como nos recuerda Robin Broad, profesora de la American University (https://tinyurl.com/yc8j6j7m).

3. Pero no basta con salir del Ciadi; hay otros oscuros tribunales y, en el fondo, son los tratados los que permiten las demandas supranacionales. Por esto la Unión Europea dio un notable giro de 180 grados para planear una salida colectiva de sus 27 estados miembros del controvertido Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE); un oscuro acuerdo internacional erigido por ella misma, que protege a inversionistas de cualquier medida que pueda perjudicar sus expectativas de ganancias, especialmente medidas de protección al medio ambiente (https://tinyurl.com/5yrpx594).

4. Otra victoria ante el sistema neoliberal de protección de inversiones fue el rotundo No (casi dos terceras partes) a la pregunta D en el referéndum en Ecuador convocado por su presidente Noboa, en torno a si el país debería retornar al sistema de arbitraje internacional. Durante la presidencia de su némesis, Rafael Correa, Ecuador había prohibido en su Constitución de 2008 la inclusión de este tipo de arbitraje en sus tratados internacionales de inversión y se había retirado del Ciadi. Aunque Noboa logró de manera arbitraria el reingreso de Ecuador a esta institución del Banco Mundial, la negativa del pueblo ecuatoriano se refirió a no firmar más tratados con arbitraje supranacional. Como dice Luciana Ghiotto del Transnational Institute: Ha sido una victoria gigante para los movimientos sociales de Ecuador que en el tiempo récord de un mes y medio montaron una campaña ciudadana a escala nacional (https://tinyurl.com/r4w9r842). También fue una victoria para el movimiento global en contra del sistema ISDS; más de 100 organizaciones respaldaron al pueblo ecuatoriano a defender su derecho a decir No al arbitraje internacional de inversión y a los privilegios otorgados a inversionistas extranjeros (https://tinyurl.com/2v5znsfr).

5. Organizaciones ambientalistas de Rumania se suman a épicas victorias como las del pueblo salvadoreño en defender su agua y sus recursos naturales de depredadoras empresas mineras. Después de ocho años de disputa, la empresa minera de oro canadiense Gabriel Resources perdió en marzo su demanda contra Rumania por más de 3 mil millones de dólares por no haber recibido permiso para explotar lo que sería la mayor mina de oro y plata a cielo abierto en Europa. La mina amenazaba el histórico paisaje de Roșia Montană, en la legendaria región de Transilvania, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y Patrimonio en Peligro en 2021. Carla García Zendejas, del Centro de Derecho Ambiental Internacional de Washington (CIEL), organización que acompañó al pueblo de Roșia Montană, se une en la celebración de este momento histórico. Explica que “esta decisión final marca un bienvenido final de la lucha. Aun así, este caso es otro ejemplo de los defectos del sistema de solución de diferencias entre inversionistas y Estados (ISDS), que habría castigado al gobierno rumano por tratar de cumplir con sus obligaciones legales. De México a Rumania y más allá, el ISDS se erige como una amenaza potencial para la necesaria actuación de los estados para proteger el medio ambiente y las comunidades de los impactos de los proyectos de desarrollo y de la crisis climática (https://tinyurl.com/mtcyv4dv)”.

Ojalá estos casos sirvieran de ejemplo y aliento a gobiernos como el de México, que busca sacudirse del neoliberalismo, y que no lo lograrán mientras sigan siendo amordazados por demandas multimillonarias en tribunales supranacionales como el Ciadi del Banco Mundial. El injusto sistema de protección de inversiones es una sombra que sigue y seguirá acechando a la 4T.

*Investigador del Institute for Policy Studies www.ips-dc.org y asociado del Transnational Institute www.tni.org