El respaldo de todos los gobiernos estatales a la prisión preventiva oficiosa es una expresión del fracaso de toda la clase política para impulsar el fortalecimiento de la fiscalías, que son la verdadera causa de la impunidad, aseveró el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

La organización emitió su comunicado, luego de que los gobernadores de los 32 estados presentaron un amicus curiae en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) –que próximamente discutirá en su pleno el tema–, al considerar que eliminar la prisión preventiva oficiosa tendría un grave impacto en seguridad pública.

Incluso solicitaron mantener la supremacía constitucional sobre cualquier norma internacional; ello ante la sentencia emitida en 2023 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coridh), en la cual se ordena al Estado mexicano modificar ese instrumento legal para que no sea automático.

Al debate se sumó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), la cual destacó que la prisión preventiva es una forma de detención arbitraria. Así lo han sostenido de forma unánime los organismos internacionales en materia de garantías fundamentales.

En redes sociales refirió que la prisión preventiva oficiosa atenta contra la presunción de inocencia, el debido proceso, el derecho a la integridad personal, la independencia judicial y la persecución eficaz de los delitos.

Derecho a la libertad personal

Asimismo, va contra el derecho a la libertad personal, la igualdad ante la ley, el deber de fundar y motivar la medida privativa de la libertad, el derecho a la revisión judicial y el enfoque de derechos humanos en la seguridad pública.

Por su parte, el colectivo Pena Sin Culpa, que acompaña a los sujetos que se encuentran en prisión preventiva por las que se dictó la sentencia de la Coridh, expresó que es lamentable el desacato que promueven los gobernadores, e instó al Estado mexicano a que cumpla con sus obligaciones internacionales.