Bogotá. La imagen de unos soldados presurosos que suben a un helicóptero los cadáveres de varios compañeros recién abatidos por la guerrilla en una remota zona montañosa del sur de Colombia no sólo se hizo viral en redes sociales el pasado fin de semana, sino que abrió de nuevo un gran signo de interrogación sobre la actual capacidad bélica de las fuerzas militares para enfrentar el único conflicto armado interno aún vivo en Sudamérica.

Expertos en temas de guerra y paz siempre han hecho notar que esta nación de escarpadas montañas andinas y tupidas selvas que se extienden hasta la Amazonia es ideal para la operación de fuerzas armadas irregulares, más aún desde que –en los años 70 y a lo largo de cinco décadas– Colombia se inundó de cultivos de coca hasta convertirse en el principal productor mundial de cocaína.

No es gratuito, agregan los analistas, que con una cuarta parte de la población de Brasil y un territorio siete veces menor que el de su vecino del sur, Colombia tenga una fuerza pública de 500 mil efectivos, 150 mil más que la de los brasileños.

Cuando se firmó en 2016 el pacto de paz entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y esa guerrilla entregó todo su arsenal, muchos pensamos que el país entraría en una especie de desmilitarización de su vida cotidiana, pero desafortunadamente ello no ocurrió y hoy tenemos más frentes de guerra interna que hace ocho años, dice a La Jornada el politólogo Jaime Rueda.

Informes de inteligencia militar y de centros de investigación social son contundentes: hay cuatro fuerzas guerrilleras operando en casi 500 municipios del país, un poco menos de la mitad del total; han resurgido los grupos paramilitares que actúan alrededor de las economías ilegales y en algunas ciudades de la periferia se libran batallas entre bandas organizadas, herederas de los despojos y los desplazamientos generados por las viejas violencias.

En viajes a los territorios donde la violencia no cede, La Jornada ha podido comprobar que las fuerzas irregulares no sólo controlan las regiones, haciendo las veces de autoridad legítima, sino que exhiben armamentos y logística de última generación. Hemos entendido que la guerra y la tecnología van de la mano, nos dijo hace un par de meses el comandante rebelde John Mechas, máximo jefe de una de las disidencias de las FARC que operan en el Catatumbo, al nororiente del país, en la frontera con Venezuela.

Perdidas, más de un millón de municiones

Fuentes militares siempre afirmaron que buena parte del armamento y las municiones que usan los grupos irregulares provenía de Venezuela, pero el país ha quedado atónito con la revelación hecha por el presidente Gustavo Petro a finales de abril, según la cual rebeldes, paramilitares, bandas de narcos y estructuras urbanas se nutren principalmente con arsenal bélico que sale de las bodegas de las fuerzas militares de Colombia. Más de un millón de municiones están perdidas, entre éstas, explosivos, granadas y armas, reveló el jefe de Estado en rueda de prensa, rodeado del ministro de Defensa y del comandante del las fuerzas armadas.

Según Petro, hay redes de militares y civiles dedicadas al tráfico de armas de última tecnología que salen a las calles y zonas rurales desde las bases militares de Tolemaida, al centro del país, y de La Guajira, en el extremo norte.

Un informe de seguridad difundido por agencias internacionales de noticias indica que los cuatro principales grupos armados ilegales del país crecieron durante 2023. El Ejército de Liberación Nacional (ELN), con 6 mil integrantes y un aumento de 6 por ciento, encabeza la lista, seguido por la estructura paramilitar del Clan del Golfo, que creció 23 por ciento para llegar a 5 mil hombres en armas. Por su parte las dos disidencias de las FARC, que nunca se acogieron a los acuerdos de paz de 2016, tienen 4 mil y 2 mil combatientes.

Con el mercado inundado de material bélico y un clima de violencia generalizada en varias regiones, que ha dado para que la agenda informativa de los medios locales se parezca bastante a la de comienzos de siglo, otros negros nubarrones se posan sobre la escena de la guerra y la paz.

Por un lado, el ejército ha alertado sobre la pérdida de reacción de su flotilla de helicópteros rusos por cuenta de la guerra entre Ucrania y Rusia, que ha impedido a las empresas militares moscovitas atender la demanda de repuestos para las aeronaves. Informes periodísticos han mostrado hileras de helicópteros paralizados en los hangares de las bases aéreas a la espera de poder cumplir con el transporte de tropas.

En la tarde del 29 de abril un helicóptero MI 17 se desplomó cuando llevaba pertrechos y alimentación a soldados en una zona de alto riesgo en el departamento de Bolívar, al norte del país, con saldo de nueve militares muertos. Aunque las investigaciones están en curso, fuentes castrenses filtraron a los medios locales versiones de que el aparato había sido acondicionado con repuestos usados.

Israel, el gran proveedor

La incertidumbre en los cuarteles se acrecentó el primero de mayo, luego de que el presidente Petro anunció el rompimiento de relaciones con Israel, el segundo proveedor militar de Colombia después de Estados Unidos.

Basada en la doctrina del enemigo interno, la fuerza militar colombiana ha contado por décadas con el apoyo militar de Washington y Tel Aviv, que proveen apoyo armamentístico, pero también ayuda tecnológica y de asesores para la llamada lucha contrainsurgente.

El 75 por ciento de la artillería del ejército nacional está compuesto por fusiles Galil, de fabricación israelí, mientras los aviones de combate Kfir, también de Israel, son la base de la defensa aérea del país, lo cual –en opinión de altos mandos militares activos y en retiro– ha quedado en el limbo a raíz de la ruptura de relaciones ordenada por el jefe de Estado.

Con este panorama bélico como telón de fondo, el gobierno sigue insistiendo en sacar adelante su estrategia de paz total por medio del diálogo y la negociacioón con las fuerzas insurgentes a las que le ha reconocido estatus político: el (ELN) y las dos disdencias de las FARC conocidas como Estado Mayor Central (EMC) y Segunda Marquetalia.

Mientras estos diálogos avanzan a tropezones, el presidente Petro no se ha ahorrado advertencias a aquellos que insisten en la vía de la confrontación armada, como una disidencia de las disidencias que opera en el suroccidente del país: La ofensiva contra el EMC en Cauca debe ser total, pues son asesinos del pueblo y narcotraficantes, señaló el pasado lunes mientras circulaban las imágenes del helicóptero que recogía los cadáveres de al menos ocho soldados del campo de batalla.