ras conocerse –perfectamente documentado– el caso del fraude a la nación cometido por María Amparo Casar, con la ayuda de sus asociados, urge que las dependencias del Ejecutivo federal investiguen a fondo cómo están las pensiones doradas que generosamente se autorizaban –y de las que actualmente gozan– quienes ocuparon uno u otro puesto jerárquico. Desde luego, esto debe ser extensivo a otros poderes del Estado, como el Judicial, en el que donde se aprieta sale pus.

Luego de revelarse el citado fraude (que hasta ahora suma 48 millones de pesos), los amigos y cómplices de la señora creyeron que con un desplegado pedorro taparían la cloaca (lo titularon Ya basta), sobre todo cuando intentan manipular y desviar la atención al enfocarse en una supuesta violación de la libertad de expresión, venganza personal contra una ciudadana que ha analizado con seriedad y ánimo crítico numerosos abusos del gobierno y un rosario de sandeces como las citadas. Y entre los abajo firmantes aparece un rosario de impresentables.

El delito cometido por María Amparo Casar, y el tráfico de influencias utilizado para tal fin, tiene sustento legal –incluso la divulgación de información personal, por tratarse de un acto de corrupción– y ella deberá, por lo menos, reintegrar la cantidad recibida tanto por el seguro de vida (alrededor de 17 millones de pesos) como por la pensión que por 125 mil pesos mensuales recibió durante casi 20 años (cerca de 31 millones) y que fue suspendida a partir de febrero pasado.

El de Casar sólo es un caso, porque a lo largo de los años quienes ocuparon cargos jerárquicos se autorizaron pensiones y liquidaciones de cuento de hadas, entre ellos varios de los abajo firmantes. Pero al revisar cómo se las gastaron y se las gastan en otras dependencias del gobierno federal, del Poder Judicial y de los órganos autónomos, queda claro que hay mucho más.

Por ejemplo, un informe relativamente reciente (2013) de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) elaborado en tiempos neoliberales, documenta que en instituciones del Estado como la extinta Luz y Fuerza del Centro, Comisión Federal de Electricidad, Banco Nacional de Comercio Exterior, Nacional Financiera, Petróleos Mexicanos, Banco de México, Bansefi (hoy Banco del Bienestar) y algunos más, las pensiones doradas para el personal jerárquico fluctuaban entre 170 mil y 285 mil pesos, montos que, actualizados, rebasan esas cantidades (sólo por inflación, ahora serían de 284 mil y 476 mil pesos, respectivamente), sin olvidar las que recibían los ex inquilinos de Los Pinos.

En no pocas ocasiones, esos beneficiarios ocuparon esos puestos jerárquicos apenas por unos cuantos meses, o en el mejor de los casos no más de seis años, y obtuvieron voluminosas pensiones (más fondos de retiro, seguros, ahorros y conexos), mientras el personal de a pie obtenía migajas, si bien le iba, como en el caso del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (mil 800 pesos mensuales).

En el caso de las universidades públicas de los estados, las pensiones máximas (para jerárquicos) fluctuaban entre 130 mil pesos mensuales (la de Guanajuato) y 209 mil (la de Nuevo León), mientras en otras, como la de Sonora, no pasaban de 14 mil.

La ASF dedica un capítulo al Poder Judicial: El Consejo de la Judicatura Federal otorgó todas sus pensiones superiores a las garantizadas en las leyes del Seguro Social y del ISSSTE, puesto que la mínima fue de 40 mil 800 pesos y la máxima de 109 mil. En su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la pensión máxima fue de 111 mil 800 pesos (ahora rondaría los 200 mil, sin considerar otros estímulos).

En el Banco de México la pensión máxima que por esos años otorgó fue de 232 mil pesos (ahora sobrepasan 380 mil), y entre los beneficiarios aparecen Miguel Mancera Aguayo (último director), Guillermo Ortiz Martínez (11 años de gobernador), Francisco Gil Díaz (tres años como subdirector en tiempos de Zedillo), Agustín Carstens (10 años en los de Calderón) y muchos más, como el propio Ernesto Zedillo, todos relacionados con el Fobaproa.

Entonces, a revisar condiciones, méritos y cantidades en el gobierno federal y demás poderes para conocer a detalle quién y por qué, como en el caso de María Amparo Casar, se lleva una gran tajada sin tener derecho a ella.

Las rebanadas del pastel

Dice el obispo cachondo que no presentará cargos contra sus supuestos secuestradores, y tiene razón: no vaya a ser la de malas que en una investigación aparezcan polvo azul y algunos videos en un motel de Cuernavaca.

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