La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha revocado, por considerarlas arbitrarias o sin argumentos, al menos cuatro decisiones del ex ministro presidente Arturo Zaldívar y consejeros de la Judicatura Federal, quienes votaron y ordenaron readscripciones y hasta destituciones de jueces y magistrados entre 2019 y 2022.

Esto sucedió en sesiones públicas y privadas de la SCJN en los años 2022 y 2023. Aún hay pendientes de resolver ocho peticiones de juzgadores readscritos, suspendidos o destituidos durante la pasada administración del Poder Judicial.

Por ejemplo, el pleno del máximo tribunal calificó de arbitraria la destitución del juez José Luis Horta Herrera y, por unanimidad de nueve votos, ordenó su rehabilitación como juez de control en Mexicali, Baja California.

El argumento para destituirlo fue que liberó a un oficial del Ejército y a su esposa, ambos presuntamente detenidos con un arsenal, por lo que la Judicatura concluyó que fue inexcusable su actuación de no procesar a los imputados y liberarlos pese a su presunto involucramiento en los delitos de acopio y transporte de armas de fuego y cartuchos.

Sin embargo, la SCJN determinó que la garantía de inamovilidad debe operar para permitir el reintegro a la condición de juzgador de quien fue arbitrariamente privado de ella. Ello es así puesto que, de lo contrario, los estados podrían remover a los jueces e intervenir de ese modo en el Poder Judicial sin mayores costos o control.

Otro caso es el del magistrado Willy Earl Vega Ramírez, quien en 2019 fue readscrito de un tribunal colegiado en materia civil del estado de México a otro en Oaxaca. La segunda sala de la SCJN consideró que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), encabezado por Zaldívar, no argumentó el cambio de ciudad.

El 5 de junio de 2019, el magistrado José Miguel Trujillo fue cambiado de un tribunal de Tijuana, Baja California, a uno de Ciudad Victoria, Tamaulipas, sin embargo, la primera sala de la SCJN revocó la decisión.

Esta sala estima que las resoluciones de la Judicatura deben estar fundadas de manera suficiente, lo cual incluye el requerimiento de que explique sus razones para determinar por qué es la mejor solución para atender la necesidad del servicio, se expuso en la sentencia.

En otro asunto, el magistrado Gustavo Alcaraz fue enviado en 2019 desde Zapopan, Jalisco, a un tribunal de Villahermosa, Tabasco. En 2022, la primera sala de la Corte concluyó que el deber de fundamentación en procesos de readscripciones se encuentra inevitablemente relacionado con la garantía de independencia que debe regir su estructura.