El juzgado séptimo de distrito en el estado de Oaxaca aplazó la audiencia en la que determinaría si le concede un amparo a Ricardo Salinas Pliego contra la clausura del campo de golf Tangolunda, en Huatulco, predio que estaba concesionado al Grupo Salinas, del empresario, y que el pasado 26 de febrero, a través de un decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue convertido en parque nacional.

La juez Miriam Castillo difirió la diligencia para el próximo 3 de junio, luego de que un tribunal colegiado le notificó que aceptó a trámite el recurso de revisión de la Fiscalía General de la República (FGR) para impugnar la suspensión definitiva que la togada le otorgó al magnate.

Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el oficio con firma electrónica y evidencia criptográfica del actuario judicial adscrito al primer tribunal colegiado en materias civil y administrativa del decimotercer circuito, con sede en Oaxaca, por el cual transcribe el acuerdo del 6 de mayo del año en curso, del que se advierte que admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por el agente del Ministerio Publico de la Federación contra la interlocutoría dictada el 22 y 25 de marzo de 2024, del presente incidente de suspensión, señala el resolutivo. Hace un mes la FGR impugnó la suspensión definitiva otorgada a Salinas Pliego por este caso. El asunto se turnó a un tribunal colegiado en materia civil y administrativa del decimotercer circuito, que en los próximos días determinará si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia.

El 9 de marzo, el inmueble de 110 hectáreas fue clausurado y se le colocaron sellos; una semana después, el día 14 se efectuó una revisión del lugar. El campo de golf Tangolunda fue concesionado al Grupo Salinas desde 2012, a finales de la administración del panista Felipe Calderón; no obstante, el contrato concluyó entre 2022 y 2023.

Asimismo, el pasado 18 de abril trabajadores de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente retiraron los sellos de clausura del lugar.

El personal del gobierno federal cumplió el acatamiento a la resolución de la jueza Núñez Castillo, quien a finales de marzo le concedió la suspensión definitiva al empresario para mantener la flora y fauna del lugar; sin embargo, precisó que la medida cautelar no impide a las autoridades federales seguir con el procedimiento administrativo derivado de las órdenes de inspección del 29 de febrero y del 4 de marzo pasados.