Bogotá. El presidente Gustavo Petro advirtió ayer que acudirá al próximo periodo de sesiones del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para denunciar al Estado colombiano por impedir la implementación de los acuerdos de paz firmados en 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Durante la toma de posesión de una alta funcionaria judicial, Petro anunció que el presidente de la República va a tener que ir en persona a la ONU para decir que definitivamente el Estado de Colombia no quiere cumplir el acuerdo de paz que firmó. No puedo decir mentiras.

Visiblemente fastidiado ante la avalancha de obstáculos que siembran las fuerzas tradicionales para sabotear tanto su paquete de reformas sociales como la ejecución del pacto de paz de 2016 –que gira alrededor de una profunda reforma agraria, la transformación de los territorios históricamente olvidados y la verdad judicial sobre lo que aconteció en casi seis décadas de guerra–, el jefe de Estado alertó sobre las consecuencias de incumplir un acuerdo del cual es garante, entre otros, la ONU. El Estado colombiano perderá credibilidad ante el mundo, no sólo ante los señores armados con los que se firmó la paz, dijo.

Además del Consejo de Seguridad, son garantes del pacto de paz de 2016 Noruega, Cuba, México y Venezuela, países que acompañaron durante más de cinco años las negociaciones celebradas en La Habana.

Ante la inquietante situación de que un jefe de Estado anuncie que acusará al Estado que él preside ante la ONU, el politólogo Horacio Duque recordó que los gobiernos de Juan Manuel Santos (2010-2018), firmante del acuerdo, y de Iván Duque (2018-2022) no sólo incumplieron lo pactado, sino que se dedicaron a destruir su contenido, en el caso de Duque ejecutando al pie de la letra lo anunciado durante la campaña electoral de que harían trizas el tratado de paz.

La idea que transmite el presidente Petro con su anuncio es que hay un bloqueo institucional, un Estado secuestrado por los grandes poderes tradicionales que se interponen a cualquier asomo de reformas porque están acostumbrados a vivir de la guerra, comentó Duque a La Jornada.

Contactado por este periódico, Julián Gallo, senador por el partido Comunes, surgido de los acuerdos con las extintas FARC, saludó la iniciativa de Petro de informar a la ONU sobre los obstáculos que imponen a la implementación de la paz los poderes fácticos de la vieja institucionalidad y sugirió al presidente que viaje al próximo ciclo de sesiones del Consejo de Seguridad acompañado del vocero de la alta parte contratante del acuerdo de 2016, Rodrigo Londoño, presidente de Comunes.

Por su parte, el ex comisionado de paz Danilo Rueda consideró que al presidente le asiste la razón cuando pone en evidencia el cerco que los viejos enemigos de la paz han tendido para dificultar la ejecución del pacto de 2016 y consideró que es hora de pensar en una restructuración de lo pactado para poner el acuerdo a tono con las nuevas realidades del país cuyo gobierno ha elevado el asunto de la paz a una política de Estado.

A dos meses de llegar a la mitad de su mandato, Petro mantiene una estrategia denominada Paz Total, que busca –a través de la negociación política– terminar la confrontación armada con tres fuerzas guerrilleras que todavía operan en varias regiones del país: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y dos disidencias de las extintas FARC conocidas como Segunda Marquetalia y Estado Mayor Central, que no se acogieron o renunciaron al acuerdo de paz firmado con el gobierno Santos.