Lima. La presidenta de Perú, Dina Boluarte, compareció ayer ante los fiscales que la investigan por el Rolexgate, un caso de presunta corrupción que tiene en la mira a su ya debilitado gobierno.

Es la segunda vez que Boluarte es citada a declarar desde que en marzo estalló el escándalo de los relojes de lujo Rolex y joyas que no consignó en su lista de bienes.

Al término de una hora de indagatoria, la mandataria abandonó la sede de la fiscalía, en el centro de Lima, sin dar declaraciones.

Afuera del edificio, custodiado por la policía, una docena de manifestantes exigió entre gritos su renuncia. Esta sinvergüenza no se puede quedar hasta 2026. No podemos soportar este gobierno, declaró a la agencia de noticias Afp María Maldonado, de 52 años.

La fiscalía investiga a Boluarte por presunto enriquecimiento ilícito y omisión de consignar bienes en documentos. También indaga si incurrió en cohecho pasivo impropio, delito que implica recibir beneficios indebidos por parte de funcionarios.

En su primera declaración ante la fiscalía el 5 de abril, Boluarte indicó que los Rolex le fueron entregados en préstamo por su amigo y gobernador regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima.

Si finalmente el Ministerio Público decide acusarla, Boluarte sólo puede ser llevada a juicio al final de su mandato, en julio de 2026, como fija la Constitución.

Desde el viernes la presidenta enfrenta un nuevo escándalo por presunta corrupción que involucra a su hermano mayor, Nicanor Boluarte, quien fue detenido de manera preliminar por un plazo hasta de 10 días por orden de un juez.

El hombre es sospechoso de comandar una red de corrupción que nombraba a funcionarios a cambio de sobornos, aprovechando el “poder de facto” que recibió de su hermana, según el Poder Judicial.