México tiene uno de los mejores marcos estratégicos anticorrupción y de integridad pública entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); sin embargo, su talón de Aquiles es la transparencia de la información y la aplicación de auditorías, entre otras, concluyó la organización internacional.

En el marco del lanzamiento virtual del informe Perspectivas de anticorrupción e integridad 2024, el organismo de cooperación internacional, compuesto por 38 estados, destacó que el país cuenta con organismos de estrategia e instituciones anticorrupción y de integridad pública.

No obstante, las áreas en las que puede mejorar es en el cabildeo, en la transparencia de la información pública-normativa y el manejo de riesgos de corrupción y auditoría e implementación.

América Latina en general avanzó mucho en el tema de anticorrupción e integridad, pero sucede un fenómeno en algunas economías: las reglas no se aplican en su totalidad, aseveró Julio Bacio Terracino, jefe en la OCDE de la división de anticorrupción e integridad en el gobierno.

Transparencia, en deuda

En su reporte, la OCDE mencionó que a pesar de la existencia en México de una unidad de armonización central en la Secretaría de la Función Pública, no hay datos centralizados sobre si los organismos públicos a nivel federal realizan evaluaciones de riesgo para medir los peligros de fraude y de integridad en el sector público.

Asimismo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales también recoge y publica información sobre solicitudes de acceso a la información. Los conjuntos de datos disponibles incluyen la versión consolidada de la legislación primaria, proyectos de ley, así como las declaraciones patrimoniales de oficiales electos, miembros de la Suprema Corte de Justicia, altos funcionarios públicos y sus salarios.

Comparado con los estándares de la OCDE sobre transparencia de la información pública, México cumple con 67 por ciento de los criterios normativos y 65 por ciento de los de implementación, contra el promedio de los países del organismo de 67 y 62 por ciento, respectivamente.