Un nuevo diferendo surgió entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN y el Congreso de la Unión, ante la negativa del máximo tribunal de otorgar una prórroga al Legislativo para expedir la Ley General de Aguas, ya que el plazo fijado venció en diciembre del 2022.

Al respecto, la presidenta de la Comisión Permanente, Ana Lilia Rivera Rivera, comentó que se trata de un tema trascendente, muy sensible, ya que a través de esa nueva ley se debe revertir la privatización del líquido que se ha venido dando desde sexenios pasados en favor de unas cuantas empresas.

Sin embargo, dijo, aunque se ha trabajado mucho en su construcción, no se ha logrado el consenso entre los grupos parlamentarios y por eso se pidió un nuevo plazo.

El pasado martes, la Corte rechazó la prórroga solicitada por ambas cámaras y fijó un plazo de 10 días hábiles, a fin de que el Congreso le informe en qué etapa se encuentra el proceso legislativo y le remita, asimismo, un cronograma con el plan de trabajo específico para dar cumplimiento a la sentencia. En caso de que no lo haga, el órgano legislativo será multado.

Al preguntarle al respecto, la también presidenta del Senado aclaró, de entrada, que el Congreso no ha sido notificado aun de la sentencia y recalcó que los tiempos del Legislativo son distintos a los del Judicial y no puede ni debe haber un poder sobre otro.

Expuso, asimismo, que tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados han trabajado desde septiembre de 2018 en que se inició la legislatura. Explicó que en San Lázaro se llevaron a cabo foros, un parlamento abierto, reuniones públicas, incluso, en diferentes estados de la República. Se llamó a los especialistas, se hizo un intento, se presentó un primer proyecto, pero no fraguó.

Por ello, agregó, la Cámara de Senadores inició nuevamente con los trabajos para lograr los acuerdos y construir la Ley General del Agua, pero no se lograron. Por eso se pidió la prórroga.

Respetar tiempos políticos

Rivera resaltó que los tiempos del Congreso de la Unión se definen por el avance o no de los consensos que se logren entre los grupos parlamentarios. Esos son nuestros tiempos, son tiempos políticos y se tienen que respetar”.

Una vez que ambas cámaras sean notificadas de la sentencia, se dará respuesta a los requerimientos de la Suprema Corte, recalcó.

En entrevista por separado, el senador de Morena José Narro comentó que es un pendiente que heredaron de pasadas legislaturas, ya que esa ley reglamentaria de la reforma constitucional promulgada el 8 de febrero de 2012 debió estar lista un año después.

Sin embargo, dijo, han pasado más de 11 años y no se ha podido concretar por los fuertes intereses económicos de los consorcios que han hecho un negocio muy productivo con el agua.

Lamentó que la Suprema Corte se haya negado a dar al Congreso una nueva prórroga y exija que se le presente un plan de trabajo, toda vez que el último periodo ordinario concluyó el pasado 30 de abril y tendría que convocarse a un extraordinario, a lo que la oposición se va a negar.