Una jueza federal en materia administrativa con sede en la Ciudad de México negó la suspensión definitiva a la asociación civil Va por sus Derechos para impedir nuevamente las corridas de toros en la capital del país, principalmente en la Plaza México.

Minerva Herlinda Mendoza Cruz, titular del juzgado primero de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México rechazó conceder la medida cautelar para suspender de forma inmediata la llamada fiesta brava.

La asociación civil Va por sus Derechos promovió el juicio de amparo el 23 de abril contra la omisión de impedir el espectáculo llamado corridas de toros en la capital del país. Una semana después, la juzgadora les concedió la suspensión provisional para detener las corridas de toros; no obstante, el 13 de mayo, en sesión extraordinaria, los magistrados del décimo tribunal colegiado en materia administrativa revocaron el fallo de primera instancia.

Los magistrados determinaron procedente el recurso de queja que un particular promovió para impugnar el fallo de primera instancia. Los togados aprobaron por unanimidad el proyecto de la magistrada Ana María Ibarra Olguín, quien argumentó que la empresa cuenta con un permiso que fue otorgado conforme al marco legal.

En aquella ocasión, los magistrados argumentaron que hay un estándar elevado para conceder la suspensión conforme al artículo 131 de la Ley de Amparo, y este estándar no se cumple por la parte quejosa en el sentido de demostrar un mejor derecho hasta ahora, con base en lo que ya ha resuelto la Suprema Corte. El recurrente tiene un permiso basado en la ley, cuya constitucionalidad o no de esa normativa es una cuestión de fondo, muy interesante, pero concerniente al fondo, no propia para verse en esta instancia.

En febrero de este año, el juzgado quinto de distrito en materia de amparo en la Ciudad de México también negó la suspensión definitiva solicitada por la asociación civil Todas y Todos por Amor a los Toros.

En un principio, la impartidora de justicia había concedido a la asociación civil una suspensión provisional que impedía la celebración de corridas de toros, pero su determinación fue impugnada por los representantes legales de la empresa y un tribunal colegiado revocó la decisión.