Por unanimidad, las fiscalías de todo el país aprobaron exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a preservar en el mandato en la Constitución la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en delitos graves como secuestro, feminicidio, homicidio, desaparición forzada, entre otros, ya que, de lo contrario, advirtieron, saldrían de la cárcel más de 60 mil procesados por esos crímenes y se mermaría la autonomía del Estado mexicano, su seguridad y la justicia penal del país.

El llamado se hizo durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), integrada por las 32 fiscalías estatales de justicia y la Fiscalía General de la República (FGR), que fue celebrada a puerta cerrada el pasado 21 de junio.

Se determinó por unanimidad que debe preservarse la soberanía nacional y la supremacía constitucional en su aplicación puntual, ya que, de lo contrario, se mermaría la autonomía del Estado mexicano, su seguridad y la justicia penal en el país, al desconocer a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que regula la existencia misma, así como las atribuciones de la propia Suprema Corte, informó ayer la FGR en el comunicado 321/24.

En la Corte está en análisis un proyecto de sentencia que propone anular el segundo párrafo del ar-tículo 19 constitucional, que ordena aplicar la prisión preventiva oficiosa en una veintena de delitos.

Resolver en contra de la Constitución permitiría que alrededor de 60 mil personas sujetas en todo el país a procesos por delitos de feminicidio, homicidio, secuestro, delincuencia organizada y otros graves, obtengan su libertad procesal, lo que implicará que la sociedad quedará expuesta a graves riesgos, principalmente las víctimas, testigos y servidores públicos que intervienen en cada caso, ya que es frecuente que los procesados que quedan en libertad atenten contra quienes los han señalado, se evadan o vuelvan a delinquir, de lo cual se cuenta con un gran número de casos, advierte la FGR.

Agrega que la asamblea concluyó que es indispensable, prioritario y obligatorio cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, frente a los efectos nocivos de la liberación masiva de imputados.