El Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión para el Acceso a la Verdad de la Guerra Sucia entregó el martes pasado a Arturo Medina, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, la primera parte de su informe final sobre desapariciones, ejecuciones extrajudiciales y tortura, entre otras violaciones graves a derechos humanos, cometidos de 1965 a 1990 por agentes del Estado.

El informe de nueve tomos titulado Fue el Estado fue elaborado por los comisionados David Fernández Dávalos, Abel Barrera y Carlos Pérez Ricart. La otra parte de la investigación está a cargo de la historiadora Eugenia Allier, quien próximamente la entregará.

En entrevista, Fernández Dávalos afirmó que la mayor contribución de este trabajo (que duró más de dos años) es que se presenta una nueva narrativa de lo sucedido, en que las víctimas no sólo fueron los organismos socialistas, político-militares o políticos, sino fue todo tipo de disidencia o de oposición.

Destacó que los documentos contienen mil 200 testimonios, la gran mayoría novedosos, de víctimas que no han sido visibilizadas, como sobrevivientes de matanzas no documentadas en la Huasteca y violencias contra integrantes de colectivos de disidencias sexogenéricas.

Estamos presentando víctimas con nombre y apellido que no habían sido registradas en ningún informe previo, que van desde desaparición forzada, tortura (incluida la sexual), ejecuciones extrajudiciales y desplazamiento forzado hasta comunidades que fueron arrasadas por la violencia, aseguró.

Fernández Dávalos detalló que para la investigación consultaron 97 archivos, y abrimos y descubrimos algunos. Recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional obstaculizó las tareas de consulta de documentación histórica.

Estas situaciones, dijo, causaron que no puedan conocerse las cadenas de mando. No obstante, señaló, se presenta un volumen completo, muy amplio, sobre los perpetradores, tanto instituciones como personas.

Otro asunto que faltó por conocer a profundidad, reconoció, fue encontrar la doctrina y las prácticas institucionales que dieron origen a estos actos violatorios de los derechos humanos.

Los tomos también fueron entregados al titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos, Froylán Enciso, quien lo revisará junto con Medina, y una vez que reciban la parte de la comisionada Allier se acordará la ruta a seguir para hacerlos llegar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a los colectivos de víctimas y familiares.

Pérez Ricart resaltó que los documentos ofrecen una nueva interpretación del periodo, en el cual la fuerza del Estado no solamente se trató de lo que hacía la Dirección Federal de Seguridad o el Ejército, sino en realidad policías municipales, fiscalías, en ese entonces Ministerios Públicos, y el Estado Mayor Presidencial.