Toluca, Méx., El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) entregó ayer las llaves de acceso a la plataforma del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias a los poderes judiciales de los estados, pues los jueces locales en materia familiar serán quienes se encargarán de hacer las inscripciones de deudores, a través de sus sentencias.

En este registro se difundirán los nombres de las personas que tengan adeudos en el pago de sus obligaciones alimentarias y quienes aparezcan en este catálogo, se les restringirán algunos derechos como poder ocupar un cargo público o de elección popular, tramitar licencias de conducir o pasaportes, entre otros.

La sala regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, retiró hace una semana la constancia de mayoría a Luis Carballo, un candidato a diputado que ganó en el distrito 23 del estado de México, por estar inscrito en este registro, ya que tenía adeudos en el pago de las pensiones alimentarias de sus hijos, motivo por el cual ya no podrá ocupar la curul que ganó en las urnas.

La directora nacional del DIF, Nuria Fernández acudió ayer al auditorio de la Escuela Judicial del Estado de México para iniciar con la entrega de las llaves de acceso a esta plataforma, que permitirá, por primera vez, conocer a ciencia cierta, cuántos deudores alimentarios existen y donde se ubican, aunque la finalidad de este registro, es inhibir la morosidad en el pago de las pensiones alimentarias para niñas, niños, adolescentes y otros grupos vulnerables.

El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias es, sin duda, un mecanismo legal que garantiza a la niñez y a los grupos prioritarios, su derecho a recibir alimentos, y hay que decirlo sin ambages, el registro es resultado de una lucha emprendida por las mujeres y por las madres que diariamente acuden a los tribunales con la esperanza de allegarse recursos suficientes para atender las necesidades básicas de sus hijos. Con el registro no buscamos la revancha contra ningún deudor sino contribuir a la restitución de los derechos alimentarios de todas las personas y grupos vulnerables, señaló Alejandro Cárdenas, director jurídico del DIF.

A la par del registro, dijo, se tiene programado iniciar una tarea de difusión y convencimiento a nivel nacional sobre la importancia que tiene cubrir las pensiones alimenticias y las consecuencias jurídicas en caso de incumplimiento.

Aclaró que la inscripción en el registro será una consecuencia jurídica del incumplimiento de la pensión alimenticia decretada por los jueces y ningún usuario podrá acceder a esta plataforma para hacer inscripciones, pues necesariamente tendrá que ser mediante un mandato judicial.

La inscripción tiene como efecto inhabilitar al deudor moroso en el ejercicio de ciertos derechos, pues no podrán obtener licencias ni permisos para conducir, no podrán obtener pasaporte o documento de identidad y viaje; no podrán ocupar cargos públicos, ni de elección popular y no podrán participar como aspirantes a cargos de jueces o magistrados federales o locales. Tampoco podrán realizar trámites ante notario para la compraventa de bienes inmuebles y no podrán salir del país, explicó Cárdenas.