La iniciativa de reforma al Poder Judicial, en particular la posibilidad de que los jueces, magistrados y ministros sean electos mediante voto popular, ha generado controversia, pero de todas formas tiene que ser analizada, estimó la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, la priísta Marcela Guerra.

Al participar ayer en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, indicó que el parlamento abierto que se realiza en estas semanas a propósito de la reforma judicial está relacionado con el punto 16 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que entre otros aspectos menciona la obligación de los gobiernos de facilitar el acceso a la justicia para toda la población.

La posible elección popular de juzgadores ha sido polémica, pero se tiene que discutir, manifestó Guerra, quien publicó en su cuenta de X diversos mensajes en los que informó sobre sus actividades en la ONU.

Durante su intervención en el mencionado foro, Guerra recalcó que la Cámara de Diputados ha aprobado 195 decretos, “que abarcan todos los objetivos de desarrollo, y hacemos énfasis en el 16 –de paz, justicia e instituciones sólidas–, en el 10, pero también en el 5, porque logramos la paridad constitucional” en el Poder Legislativo, así como en el gabinete y diversas gubernaturas estatales.