En el debate sobre las posibles modificaciones al Poder Judicial se está dejando de lado el tema de los jueces indígenas y las formas propias de impartición de justicia de los pueblos originarios, lo cual daría pie a una reforma incompleta, advirtió el Colegio de Personas Juzgadoras Indígenas (CPJI).

Luego de que empezaron los foros, el colectivo –que agrupa a jueces de diversas materias y fueros, así como académicos, defensores de los derechos indígenas, abogados y expertos– dirigió una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la virtual mandataria electa, Claudia Sheinbaum, así como a las presidentas de ambas cámaras.

En la misiva (de la cual este diario tiene copia), el CPJI llamó a reformar al Poder Judicial con principios de pluriculturalidad y pluralismo jurídico y que se incentive la llegada de indígenas y afromexicanos a los ámbitos federal y locales.

Diversidad cultural

En entrevista con La Jornada, Larisa Ortiz Quintero, magistrada numeraria del Tribunal Superior Agrario, subrayó que debe tomarse en cuenta la diversidad cultural de dichos colectivos, que tienen cosmovisiones y filosofías distintas, y cuando éstas no son conocidas, se cometen muchísimas injusticias contra sus integrantes.

Los pueblos indígenas siempre han resuelto sus problemas de toda índole, incluida la resolución de conflictos, pero con la colonización se ha desconocido a los jueces y juezas indígenas y sus procedimientos. Se deben reconocer los métodos de justicia de las comunidades, que en mucho ayudan al Estado.

La jurista nahua, profesora de derecho indígena en la Facultad de Derecho de la UNAM, enfatizó que en la reforma judicial debería discutirse la inclusión de más recursos económicos para la formación de jueces e intérpretes en lenguas indígenas, y lamentó que el CPJI no ha sido invitado a ninguno de los nueve foros sobre la iniciativa.

José Hernández Hernández, secretario adscrito al juzgado 17 de Veracruz, estimó que debe aprovecharse el momento histórico de la reforma judicial para reconocer la importancia de las 25 millones de personas que se autoadscriben como indígenas y los 2 millones que se declaran afromexicanos.

Agregó que a la estructura del Poder Judicial se debe incorporar “a personas preferentemente indígenas, pero no sólo por serlo, sino que estén preparadas jurídicamente y, si es posible, que ya tengan carrera judicial. Seguramente hay personas con esa expertise, que conocen la lengua y cultura de una determinada sede y con quienes puede haber justicia con pertinencia cultural”.