La independencia judicial y la división de poderes son la garantía para que las decisiones de los jueces se basen en el derecho y la jurisprudencia, y no en presiones externas o intereses de grupo, afirmó el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas.

Recordó que estamos cumpliendo dos siglos de haber optado por la forma de gobierno republicana, representativa y federal. Sin duda han sido 200 años de una evolución política azarosa en la que queda pendiente todavía consolidar plenamente el federalismo y la división de poderes. En ese sentido, no puede haber retrocesos en estas materias.

Durante la inauguración de los foros Reforma constitucional en materia de justicia, autoridades de la máxima casa de estudios coincidieron en que dichas mesas de diálogo, que comenzaron este lunes y concluyen el jueves primero de agosto, representan una oportunidad única para reflexionar y dialogar sobre las reformas necesarias que refuercen y mejoren el sistema de justicia mexicano.

Compromiso con la justicia

Lomelí Vanegas reiteró el compromiso de la UNAM con la justicia y el bienestar del país. Estas discusiones, declaró, son una manifestación más de nuestra misión y responsabilidad social para contribuir a una nueva ruta de desarrollo más justa, igualitaria, sostenible y equitativa.

El rector también señaló que se debe asegurar que las y los funcionarios judiciales cuenten con los saberes, habilidades y herramientas necesarias para ejercer su labor con autonomía, ética y profesionalismo, a fin de buscar que la justicia sea asequible, visible y entendible para todas y todos, ya que es un derecho humano inalienable.

A su vez, el constitucionalista Diego Valadés Ríos, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aseguró que seleccionar a los juzgadores por elección popular, reducir sus ingresos y someterlos a un órgano disciplinario que censure sus sentencias no resolverá los problemas existentes en el Poder Judicial, y en cambio derogará avances logrados a lo largo de décadas.

Apuntó que se debate una propuesta de reforma constitucional que pretende promover la imparcialidad, garantizar la independencia, combatir la corrupción y mejorar la calidad en la impartición de la justicia. La elección de juzgadores abriría el camino para la concentración absoluta del poder y que se produzca un inevitable desenlace adverso para los derechos fundamentales en México.

Añadió que nadie puede ofrecer evidencias de que la elección popular sea una garantía de honorabilidad y de capacidad de los elegidos. La elección popular es un instrumento de la democracia, pero no es toda la democracia. Una elección expone a candidatos a presiones políticas. Este no es un escenario ideal para los juzgadores; además en México muchos aspirantes a cargos electivos son víctimas de acciones delincuenciales que suelen quedar impunes.

Al respecto, Hugo Concha Cantú, abogado general de la UNAM, explicó que la reforma judicial debe partir necesariamente de un cuidadoso estudio de su funcionamiento integral, de sus partes y de todo aquello que efectivamente puede mejorar y fortalecer al sistema y a sus partes. Este fortalecimiento debe reflejarse en un sistema cada vez más eficiente, más accesible a la población y más independiente al margen de ideologías políticas o de ocurrencias superficiales.