La Comisión de Puntos Constitucionales presentó el proyecto de dictamen para avalar sin cambios la iniciativa presidencial para desaparecer los órganos autónomos encargados de evaluar las políticas antipobreza, que regulan la competencia económica y vigilan a concesionarios de radio y televisión, incluso al encargado de las obligaciones en materia de transparencia y protección de datos personales.

Se trata de una parte de las reformas del plan C que implican cambios a la Constitución. En sus consideraciones, la comisión plantea los organismos públicos que desintegrarían para que sus funciones sean asumidas por dependencias del Ejecutivo, los que fueron creados como consecuencia del impulso de un modelo de administración pública neoliberal que data de los años 90.

El proyecto, que ya fue distribuido a los diputados, avala la extinción de la Comisión Federal de Competencia Económica, del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Cofece), del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y del Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).

Además, prevé el despido de los comisionados de la Cofece, la CNH, la CRE, el Ifetel y el Inai, en cuanto la reforma entre en vigor.

Las atribuciones que constitucionalmente tienen los órganos autónomos y entes reguladores serían transferidas a las secretarías de Economía, Infraestructura, Función Pública, Energía y al Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Para la comisión que preside Morena, se trata de organismos a los que desde la Constitución se les otorgaron presupuesto y facultades propias, así como independencia presupuestaria y atribuciones desgajadas de las dependencias básicas del Ejecutivo.

Entre sus argumentos, señala que no han estado exentos de duplicar funciones con otras entidades o dependencias, han propiciado que los procedimientos y procesos se segmenten, no obstante que deberían estar integrados, lo que a su vez ha redundado en un mayor costo presupuestario, incertidumbre, deficiencias y debilidad institucional.

En la iniciativa se resalta cómo desde 2018 los entes a extinguir han recibido 32 mil 313 millones 546 mil 205 pesos del presupuesto, monto que equivaldría a 5 millones 385 mil 591 pensiones bimestrales para adultos mayores.